Agencia Boliviana de Información – ABI
26/8/2008.
La Paz, 26 ago (ABI).- El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, con el fin de promover acciones para un "trato digno y preferente" a favor de los adultos mayores, inauguró este martes el primer curso de capacitación para los policías.
El curso, que coincidió con el Día Nacional del Adulto Mayor, está destinado a trabajar en la sensibilización y capacitación a instituciones que brindan servicios públicos, particularmente a integrantes de la Policía Nacional, y a otras entidades.
Con el apoyo del Viceministerio de Género, el Departamento de Género de la Policía y el Centro de Orientación Socio Legal, se lleva adelante la capacitación con participación de brigadas de protección a la Familia y la Policía de Seguridad Física.
El objetivo del taller es sensibilizar a los servidores públicos y privados en el tema de vejez y envejecimiento, el ejercicio de derechos de las personas mayores e informar sobre normas vigentes y las obligaciones que tienen como ciudadanos.
Albarracín espera que, concluido el proceso de capacitación, los participantes conozcan los derechos humanos de los adultos mayores y la necesidad de construir una cultura de derechos para ellos.
Además, puedan comprender que la violencia a las personas adultas no es un hecho aislado y natural dentro la familia y la sociedad, sino más bien es el resultado de la falta de consideración y respeto hacia ellos.
Uno de los temas sensibles, que es materia de preocupación del Defensor del Pueblo, es la marginación y discriminación que sufren los adultos mayores.
"En todos los espacios de diálogo con la sociedad civil se reciben quejas y demandas por la falta de un trato digno con calidad y calidez en las instituciones que otorgan servicios públicos, hechos que nos compromete a asumir acciones buscando un cambio de esta situación", declaró.
Expresó como maltrato institucional, la falta de una atención adecuada en instituciones que brindan servicios a los adultos mayores, espacio donde este sector de la sociedad, además del rechazo y displicencia, no reciben orientación adecuada, menos respuesta oportuna a sus requerimientos y no tienen ningún tipo de preferencia.
Los problemas en el trato que señalamos, dijo, se manifiestan en el tipo de atención que se brinda en las oficinas públicas, que implican hechos de maltrato, que no se perciben como tales y por tanto no se valora la verdadera dimensión del problema.
Estos errores de apreciación impidieron que las instituciones públicas aborden constructivamente esta problemática, acotó el Defensor.
El Defensor identificó que todas las disposiciones legales que protegen a los adultos mayores no han contribuido a disminuir la gravedad del problema porque no son reconocidos por varias instituciones del Estado y la sociedad civil, por tanto no se cumplen.
Por otro lado estos problemas en la calidad de la atención que reciben, impiden en la práctica el acceso a derechos elementales como la salud, la identidad, cobro de rentas entre otros, puntualizó.
"La falta de percepción de parte de la población de la verdadera dimensión de esta problemática tiene su origen en la falta de información adecuada, ausencia de programas de sensibilización en las diferentes instancias públicas sobre el tema; en los servicios de salud especialmente no se toma en cuenta el trato preferente para los adultos mayores, siendo afectada principalmente la población que viene del área rural y que vive en alto riesgo por pobreza y otros factores", indicó.
Lamentablemente, agregó, las instituciones del Estado a la fecha no emitieron resoluciones internas que obliguen a todas las dependencias la aplicación del trato preferente, no solamente porque lo determina la Ley 1886 de Derechos y Privilegios, sino porque es un tema de cumplimiento de derechos hacia un sector de la población que es activa y productiva.