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OEA convoca a debatir creación de convención interamericana para los derechos de las personas mayores
Representantes de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y expertos en el tema de los derechos humanos y las personas adultas mayores se reunieron hoy en la sede principal del órgano hemisférico en Washington, DC, para discutir la viabilidad de crear una convención que proteja y promueva aún más los derechos de las personas mayores.
El panel de expertos, que contribuyó a la discusión durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, en cumplimiento de un mandato de la Asamblea General de la OEA para, entre otras cosas, examinar la viabilidad de una convención interamericana sobre los Derechos Humanos y Personas Adultas Mayores, estuvo compuesto por Mirta Roses, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); Mario López, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Enrique Vega, de la OPS; Luz Ángela Melo, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); Dirk Jaspers, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); y Fiona Clark, de Helpage International.
Además del tema en si mismo, se discutió la posibilidad de crear un grupo de trabajo y de gestionar una declaración de cara a la Asamblea General de la OEA, que se celebrará en junio de 2011 en San Salvador. Las propuestas tuvieron un carácter “muy importante”, según las caracterizó el Embajador Joaquín Maza, Representante Permanente de El Salvador y Presidente del Consejo Permanente.
Víctor Rico, Secretario de Asuntos Políticos de la OEA, destacó la importancia del debate y citó cifras de la OPS, que establecen que aproximadamente el 50 por ciento de las mayores de 60 años no dispone de recursos económicos para satisfacer sus necesidades diarias, y que una tercera parte no cuenta con jubilación, pensión o trabajo remunerado. Agregó que menos del 50 por ciento de las personas adultas de América Latina y el Caribe goza de buena salud, y el 20 por ciento tiene afectada una capacidad funcional básica que exige cuidados permanentes en el hogar u otras instituciones. Rico sostuvo que “el envejecimiento poblacional constituye una realidad compleja que plantea a los Estados nuevos desafíos para un tratamiento particular acerca de las necesidades especificas de la población adulta mayor, porque sus derechos merecen una especial promoción y protección internacionales.”
Fiona Clark, de Helpage International, organización cuya misión es defender los derechos de las personas mayores, consideró que “una convención para los derechos de las personas mayores aseguraría que las ganancias en la protección de la población, sus derechos y su desarrollo en edades menores no se pierdan en la vejez”, afirmó. “Un documento de este tipo ayudaría a crear una sociedad para todas las edades y podría combatir la discriminación por edad existente en la región”, agregó. La representante de Helpage International añadió que el logro de un marco semejante crearía una obligación legal y un mecanismo de rendición de cuentas económicas, sociales y morales para gobiernos y para la sociedad civil y atraería mayor inversión también para el envejecimiento y los derechos y la dignidad de los adultos mayores”.
Dirk Jaspers, de CEPAL, también se mostró partidario de crear una convención de este tipo. “La falta de un sustento normativo específico, particularmente en la forma de un tratado, similar a los ya existentes en relación a grupos vulnerables y/o socialmente discriminados, trae consigo una serie de consecuencias de orden práctico para la promoción y protección de los derechos en la vejez”, aseguró. El representante de CEPAL agregó que “una convención es hoy en día un instrumento necesario y sobre todo dotaría de una máxima prioridad a las personas mayores, al tiempo que clarificaría los principios de derechos humanos que deberían orientar las leyes, políticas y programas de desarrollo en el contexto del nuevo cambio demográfico”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según Mario López, estaría “a disposición para brindar asesoría a los Estados Miembros en su carácter de órgano principal de la OEA en materia de derechos humanos”, aunque recordó que “el sistema regional ya cuenta con una serie de mecanismos jurídicos para la protección de los derechos de las personas adultas mayores”.
Entre otros ejemplos, mencionó las funciones de observación general que le permiten a la CIDH solicitar información a los Estados y a la sociedad civil para realizar estudios y publicar informes en determinados países o regiones, y las peticiones individuales que se le pueden hacer en caso de considerarse que se cometió una violación de Derechos Humanos en contra de una persona adulta mayor con existencia de responsabilidad estatal.
La situación en el hemisferio con respecto a esta población está cambiando rápidamente, coincidieron varios de los expertos que citaron cifras actuales y proyectadas hacia el futuro. Una de ellas: mientras que en la región de las Américas en 2006 había 106 millones de personas con más de 60 años, en 2050 esta cifra alcanzará 310 millones, con 190 millones viviendo en América Latina y el Caribe, según estadísticas de la OPS.
“De acuerdo con los estudios y visitas que hemos realizado en la organización a distintos países de la región, el maltrato de las personas mayores tanto en sectores públicos como en privados es un problema creciente”, afirmó Roses, Directora de la OPS. “La salud y el envejecimiento en las Américas hoy son una carrera contra el tiempo”, precisó Enrique Vega, también de la OPS. Según el Plan de Acción de la OPS, para enfrentar este reto se requiere “un reordenamiento importante de la cooperación internacional para hacer frente a los mandatos asociados con el envejecimiento y la salud”, agregó Vega.
Luz Ángela Melo, en representación de UNFPA, reiteró la importancia de aplicar el enfoque de los Derechos Humanos al formularse e implementarse políticas y programas a favor de la población adulta mayor, e insistió en tres principios claves: la no discriminación, fundamental ya que hoy en día se tiene confirmación de que las personas adultas mayores sufren en general estigma, exclusión y violencia; la participación, ya que es importante entender que los adultos mayores contribuyen de manera sustancial a sus familias, comunidades y sociedades en general, y por ello deben participar en cualquier decisión que les concierna; y la rendición de cuentas, es decir, que los sistemas judiciales protejan los derechos de los adultos mayores, incluso, por ejemplo, con penas superiores cuando los delitos se hayan cometido contra adultos mayores.
Durante la reunión también intervinieron representantes de la sociedad civil y países miembros de la OEA. Los Estados Miembros que tomaron la palabra fueron Uruguay, República Dominicana, Perú, Brasil, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Canadá, Nicaragua, Argentina, Costa Rica, Venezuela, Dominica, Saint Kitts y Nevis, El Salvador, Estados Unidos y Bolivia.
Fuente: OEA - Comunicado de Prensa C-409/10 - 28 de octubre de 2010
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-409/10