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Panamá. El bienestar de los adultos mayores ¿caridad o derecho social?
ALBERTO VALDÉS TOLA*
Dentro de los avatares de la vida y las complejidades de nuestro mundo globalizado, el adulto mayor intenta vincularse a un universo social que los desconoce e intenta constantemente invisibilizar sus necesidades y derechos sociales.
En los últimos años se ha producido una inusitada efervescencia de movimientos de personas adultas mayores con la finalidad de exponer sus necesidades básicas y obtener reivindicaciones socioeconómicas que mejoren sus condiciones de vida.
La respuesta estatal a esta beligerancia ha sido restarle importancia e imponer un discurso ambivalente.
Esta falta de claridad y voluntad política es el reflejo agónico de una miopía institucional, la cual, lamentablemente, no ha sido exclusiva de este gobierno, sino de todos los anteriores, que perciben y responden a las demandas de las personas adultas mayores con propuestas inadecuadas, poco funcionales.
EL ADULTO MAYOR COMO CIUDADANO SOCIAL
No hace mucho que el sociólogo inglés T. H. Marshall sostuvo la necesidad de concebir la ciudadanía en términos sociales, lo que significó un fuerte impulso teórico-operativo para los modernos estados de bienestar (agonizantes hoy por hoy). Estos Estados, magnánimos eslabones institucionales, fueron edificados por medio de políticas sociales, con el principio y función de garantizar un sistema de salud y educativo funcional a la sociedad productora del siglo pasado (siglo XX). De esta manera, la población en general se beneficiaba directa e indirectamente de las garantías sociales que eran normativamente legitimadas por la constitución. En Panamá jamás ha existido un régimen universalista solidario que salvaguarde los derechos sociales de todos sus ciudadanos, incluyendo, obviamente, a los adultos mayores.
Curiosamente, en Panamá existen dos tipos de personas adultas mayores, unas sin derechos sociales y otras con algunos derechos sociales. Esta afirmación, aunque temeraria, no deja de ser cierta desde un punto de vista político social ya que, si bien es cierto que todos, incluyendo a las personas mayores, comparten una ciudadanía civil y política, no ocurre igual en lo social.
¿Qué garantiza que algunos adultos mayores tengan algunos derechos sociales y otros no? La respuesta a esta interrogante es muy ingenua: estar jubilados o pensionados por el seguro social. Sin embargo, a pesar de esta condición de bienestar social, si se realiza una radiografía general se podrá identificar amplios procesos de exclusión social en este grupo etario, que van desde problemas relacionados con los bajos ingresos hasta la misma oportunidad y derecho que deberían tener para poder acceder a un empleo formal.
LA SITUACIÓN EN CIFRAS
En una investigación que realizamos en el 2010, aplicamos una encuesta a una muestra no probabilística de 105 individuos, con el objetivo principal de describir exploratoriamente algunas valoraciones que tenían los adultos mayores referentes a las políticas sociales en Panamá. Los resultados demostraron, entre otras consideraciones, que tan solo un poco más del 50% conocía la existencia de programas y servicios para salvaguardar su bienestar social, lo cual sugiere el desconocimiento de sus derechos sociales como ciudadanos. Por otra parte, el 16.2% considera la salud y la oportunidad de empleo como los elementos de bienestar social que más faltan y requieren de una mayor legislación. En ese mismo sentido se encuentra, según los encuestados, la promoción de la familia con un 15.2%.
Un dato muy revelador fue el hecho de que solo el 44.8% de los encuestados opinaba que el Estado tomaba en cuenta su opinión para la elaboración de las políticas y programas de servicios sociales. Estos resultados confirman un desfase en la relación Estado-sociedad, lo cual no es de ninguna manera inesperado. En Panamá el CONAM (Consejo Nacional para el Adulto Mayor), ente rector llamado a protagonizar ese enlace entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y los adultos mayores, se encuentra desarticulado prácticamente en la coyuntura actual, lo que implica una inoperancia e inexistencia fáctica respecto a su rol institucional.
INGRESOS Y TRABAJO
No es novedad para nadie que en los últimos meses del año pasado, los adultos mayores jubilados y pensionados hayan exigido vehementemente el aumento de sus ingresos, fundamentando sus aspiraciones con argumentos como el aumento de la vida y de la canasta básica (afirmaciones muy ciertas y pertinentes).
Ahora bien, la encuesta ya referida colocó a los encuestados en su mayoría (30.5%) en un ingreso mensual de 101-300 dólares, lo cual describe un nivel socioeconómico de vida muy precario. Sin embargo, en una sociedad que se caracteriza por la desigualdad (en todas sus formas y manifestaciones), este dato no distorsiona en nada la realidad de la sociedad panameña.
Por otra parte, y en un universo de ideas aún más distante de la realidad nacional, el tema de las oportunidades de empleo formal para las personas adultas mayores parece ser un tema inadvertido en Panamá. En la primera y segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Viena y Madrid, respectivamente), el tema de la inclusión al empleo de las personas adultas mayores resultó altamente considerado; sin embargo, en nuestro país tiene poca relevancia.
Según la muestra, solo un 27.6% de las personas adultas mayores encuestadas trabajan, un 66.7% lo hace de manera informal, lo que contrasta poderosamente con un 33.3% en el sector formal. Lo que sugiere un legitimado proceso de exclusión laboral basado en la edad, lo cual sería una nota disonante en relación con las dos asambleas mundiales.
UN PANORAMA INCIERTO
Dentro de los avatares de la vida y las complejidades de nuestro mundo globalizado, el adulto mayor intenta vincularse a un universo social que los desconoce e intenta constantemente invisibilizar sus necesidades y derechos sociales.
Así, el tema de la ciudadanía social no encaja como un elemento colateral del contrato social, sino como el punto constitutivo o cardinal entre ser un individuo o grupo incluido o excluido de los beneficios que debería garantizar su sociedad.
Estas reflexiones, aunque no carentes de cierto humanismo, llevan a concluir que, si bien el Estado ha entrado en un proceso de modernización institucional, no así sus políticas sociales orientadas al bienestar social de las personas adultas mayores, lo cual incide en la ineficacia de los programas y servicios para este grupo etario.
El envejecimiento de la población mundial, mediante su lógica demográfica, ha exigido un cambio de perspectiva en términos generacionales. Esto último, producto del advenimiento de sociedades envejecidas, en donde el adulto mayor debe tener un rol socioeconómico y cultural más dinámico e incluido.
Por esta razón, sociedades más preclaras que la panameña, han diseñado políticas sociales más integrales e instituciones rectoras como el CONAM.
Por ende, se concluye que el bienestar social para la persona adulta mayor es un derecho social inalienable por su condición de ciudadanos, no una manifestación caritativa del Estado, como se ha querido hacer creer.
Enero 2011.
* Magister en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Guatemala-Costa Rica), y licenciado en Sociología de la Universidad de Panamá.