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Guatemala. Preocupante situación de las personas mayores
El grado de marginalidad exclusión y vulnerabilidad que afrontan las personas mayores, en el país es preocupante, principalmente cuando se analiza su situación en los aspectos de salud, seguridad social, trabajo y educación, exteriorizó hoy la defensora del Adulto Mayor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Blanca Alcira Tobar de Salguero.
Indicó que con regularidad las personas mayores suelen ser vistas como beneficiarias de programas y dádivas sociales, y no siempre como verdaderos sujetos de derecho y protagonistas de desarrollo.
Describió que al analizar la Ley del Aporte Económico de las Personas Mayores sin cobertura, Decreto 85-2005 se observa que, previo a ser propuesta, no se realizó un estudio sustentable sobre la fuente financiera del mismo, tampoco se visualizó el número de personas con cobertura social existente en el país ni las proyecciones de crecimiento poblacional de quienes sobrepasan los 65 años.
El programa inició con una asignación de 250 millones, posteriormente se le asignó otra cantidad similar, lo cual permite que a la fecha funcione con 500 millones, 5 % es utilizado para gastos de funcionamiento. Los 495 millones restantes permiten dar cobertura únicamente a 103 mil 125 personas mayores, recibiendo 400 quetzales mensuales por persona.
Dicho programa ha generado esperanzas en este sector por la situación de extrema pobreza en que viven muchos de ellos.
Al referirse al aspecto laboral, la Defensora del Adulto Mayor, indicó que los adultos mayores tienen derecho a tener un ingreso económico y a no ser discriminados por su edad, situación que en nuestro medio se viola frecuentemente, en virtud que difícilmente son tomados en cuenta para optar a un puesto de trabajo.
Respecto de la educación, ellos no tienen acceso porque no existen programas que permitan a las personas mayores involucrarse en procesos educativos y los pocos existentes tienen un elevado costo que ellos no pueden cubrir, a pesar que tienen el derecho a la formación para el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del conocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Al referirse a la cobertura médica, reiteró que el Decreto 80-96 establece que la misma debe ser preventiva, curativa y de rehabilitación, además de oportuna, necesaria y adecuada a su edad y requerimiento; pero la realidad y las denuncias nos demuestran todo lo contrario.
Alcira Tobar, puntualizó, que el Estado deben hacer todo lo posible para apoyar fortalecer las acciones encaminadas a las necesidades de las personas mayores, pues son sujetos de derecho y protagonistas de su desarrollo.
Fuente: PDH - 6/11/2012.
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