La Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad, Decreto No. 80-96, en su artículo 30, incisos: c y d establece que “el pago del transporte municipal y el boleto de ornato, será exonerado totalmente para los ancianos”, y “como prestación social a los ancianos, la facilitación gratuita del transporte colectivo”.
El cumplimiento de dicha normativa fue exigido por representantes de diversas asociaciones que luchan por la defensa de los derechos de las personas mayores, quienes el 13 de enero se presentaron a la Magistratura de Conciencia, para exponer sus preocupaciones ante la problemática del subsidio al transporte público para dicho grupo etario.
Según manifestaron los afectados, en los cambios que se realizaron al Decreto No. 22-2014, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, no se contempla como en años anteriores el aporte a las personas mayores para que gocen de transporte público gratuito, destacando que esto incrementará los malos tratos por pilotos y ayudantes de dichas unidades.
Edgar Guerra, defensor de los Usuarios del Transporte Público, de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, expresó que debe tomarse en cuenta una restructuración en el tema de gratuidad del transporte colectivo para que no se vulnere y violente ningún derecho de las personas mayores, resaltando que es necesario tener esfuerzos más serios por el Estado para poder garantizar los derechos que la misma Constitución Política de la República y las normas internacionales mandan.
Héctor Montenegro, presidente de la Asociación Nacional de Hombres y Mujeres de la Tercera Edad Sin Cobertura de los Beneficios de Seguridad Social, lamentó que para el Estado de Guatemala las personas adultas mayores sean invisibles.
“A pesar que somos víctimas de malos tratos por parte de pilotos, ayudantes y del público en general, exigimos que no nos traten mal porque las personas mayores son el cimiento y el pilar del país, porque nuestro esfuerzo ha dado progreso y desarrollo a Guatemala, y no es justo que al llegar a esta edad nos traten como objetos sin valor”, concluyó Montenegro.
Asimismo, Teresa Maldonado, defensora de las Personas Mayores del PDH, destacó que en Guatemala hay 1 millón 500 mil personas mayores, de las cuales un 60% hacen uso del transporte público, por lo que considera que es necesario divulgar los derechos que les asisten para empoderarlos en que la gratuidad del transporte para dicho grupo está contemplado en ley y es obligatorio su cumplimiento.
Fuente: PDH – 14/1/2015.
http://www.pdh.org.gt/noticias/noticias-destacadas/item/5171-personas-mayores-invisibles-para-el-estado.html#.VLvSOi4eqcs