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La vejez requiere de corresponsabilidad

Lunes, 08 de Junio de 2015
Envejecimiento y vejez

Kléver Paredes B.

Caso 1: Una familia se reúne para hablar sobre el presente y futuro de su padre, un anciano de 84 años de edad que enviudó hace más de 6 años. La propuesta es que una de las siete hijas renuncie a su trabajo para dedicarse al cuidado y a cambio se le pague cierta cantidad de dinero. Para ello, cada una debe aportar mensualmente el dinero.
La mayoría señala que no puede dejar su trabajo, que debe cuidar a sus hijos, en el caso de las casadas. Otras se niegan a aportar económicamente. ¿De quién, entonces, es la responsabilidad del cuidado? ¿Qué será de la vida de ese adulto mayor?

Caso 2: En una visita realizada a un asilo de ancianos, en las afueras de Quito, se dio el siguiente diálogo con una de las internas. ¿Tiene usted familia? -Sí, tres hijos, todos trabajan y como no hay quién se quede conmigo, me vinieron a dejar aquí-. ¿Le gusta quedarse en este lugar? -Qué más me queda… ¿Es decir, que usted no vino por su propia voluntad? -No, quisiera quedarme en mi casa-.

Caso 3: María tiene 84 años y vive con su esposo de la misma edad en un pueblo a 50 minutos de Quito. Ella dejó de valerse por cuenta propia hace algunos años. Depende de la voluntad de su pareja para alimentarse, vestirse, asearse, ir al baño. Casi no sale de su cuarto a recibir un poco de sol. Tiene tres hijos. Ellos ayudan, de vez en cuando, con 15 dólares.

Son tres casos reales que muestran solo una parte de la realidad de hombres y mujeres que llegan a la vejez y no disponen de recursos económicos suficientes para llevar una vida con calidad, dignidad y tranquilidad. Según datos del censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las condiciones socioeconómicas en las que viven los adultos mayores en Ecuador son, en su mayoría, deficitarias. Se estima que el 57,4%, correspondiente a 537.421 personas, se encuentra en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

En la Agenda de Igualdad para las y los Adultos Mayores 2012-2013, elaborada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se establece que apenas el 30% de este grupo poblacional cuenta con la asistencia de una persona para su cuidado, siendo por lo general hijos e hijas, esposos o esposas, nietos o nietas. En el caso de las mujeres mayores de 80 años que cuentan con asistencia para su cuidado, el porcentaje alcanza solo el 36,5% de la población nacional (Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento -SABE I, 2009).

Las mujeres, los adultos mayores residentes del área urbana y los mayores de 80 años son quienes presentan más requerimientos de ayuda y cuidado. Sin embargo, la situación en el sector rural debe ser similar o peor cuando se cuente con datos actualizados.
Al abordar este tema, necesariamente surgen varias interrogantes: ¿Quién o quiénes son responsables del cuidado de los adultos mayores? ¿Cómo garantizar el buen vivir que señala la Constitución para este grupo etario? ¿Es posible una vejez con plenitud y derechos? ¿Nos preparamos como país para responder a las necesidades de cuidado de los futuros adultos mayores?

Los seres humanos nacemos vulnerables y por lo mismo necesitamos del cuidado y afecto de otros, en especial del grupo familiar. Cuidar y ser cuidados recorrerá nuestras vidas. Estas relaciones tan significativas nos permiten satisfacer necesidades materiales, instrumentales y afectivas que nos constituirán como personas.

La necesidad de cuidado y asistencia a las personas adultas mayores, señala la Agenda de Igualdad para las y los Adultos Mayores, representa un mecanismo indispensable para evitar situaciones catastróficas como las caídas, que constituyen la primera causa de muerte accidental en mayores de 65 años.

De igual manera, la necesidad de ayuda para realizar actividades de la vida diaria como bañarse, comer, usar el servicio higiénico, levantarse de la cama o acostarse, moverse de un lugar a otro y vestirse, preparar la comida, administrar el dinero, usar los medios de transporte, ir de compras, usar el teléfono, realizar los quehaceres domésticos o tomar las medicinas. Estas situaciones, tal vez insignificantes para otros grupos de edades, en el 2009 afectaban a más de 100.000 personas adultas mayores en el país.

Ecuador está en plena fase de transición demográfica. Si los adultos mayores en 2010 representaban el 7% de la población del país, para el 2050 serán el 18%. El envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos de mayor impacto de nuestra época, que ocasionará un aumento de personas de 65 y más años de edad y paralelamente el incremento de los índices de enfermedades y servicios especializados.

Culturalmente, el cuidado de los adultos mayores ha estado en Ecuador muy ligado a la familia, situación que no sucede en otros países como los europeos, en los cuales existe independencia desde tempranas edades.

Pero, ¿qué pasa en la actualidad? ¿La familia sigue siendo el principal referente de cuidado de las personas mayores?

El rol de la familia como sostén principal en el cuidado y la atención también está cambiando. Las transformaciones sociales de las últimas décadas han ocasionado la disminución en la red de apoyo socio-familiar de las personas de más edad.

Al hablar de cambios sociales nos referimos, por ejemplo, al paso de la familia tipo patriarcal en la que convivían más de 2 generaciones por otra de ‘tipo nuclear’ con menos posibilidades de atención a sus miembros y con pocos hijos. Otro aspecto a tomar en cuenta es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, que determinó la readecuación de las funciones de cuidado entre hombres y mujeres.

Frente a esta nueva realidad toma mayor fuerza una palabra clave: corresponsabilidad, aplicada entre familias, estado y comunidad.

La misma Agenda del MIES señala que “al ser el envejecimiento un proceso multidimensional –que tiene incidencia en la persona, la familia y la comunidad–, implica la puesta en marcha de acciones integrales, solidarias, que contribuyan a revalorizar el rol de los adultos mayores en la sociedad. La acción a favor de las personas mayores es un desafío para el Estado en sus niveles nacional y local. Lo es también para el sector privado, organizaciones sociales y ciudadanos en general”. Ahora el reto es ponerlo en práctica en su totalidad. (I)

La soledad causa personas más vulnerables

La soledad y aislamiento son un importante factor de riesgo para el bienestar de las personas de edad avanzada. De hecho, se estima que el 10% de las personas mayores de 65 años sufre “soledad maligna”, que es aquella que compromete gravemente su salud física o psíquica. El 70% de estas padece un problema de salud mental asociado a la soledad. Según el doctor Manuel Martín Carrasco, director del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas de Hermanas Hospitalarias, la soledad puede afectar al funcionamiento cerebral de una forma similar al estrés crónico, desencadenando una serie de respuestas anómalas a nivel endócrino o inmunológico que favorecen la aparición de diversas patologías. “Las más comunes son la hipertensión arterial, la diabetes, las infecciones repetidas, la ansiedad o la depresión”.

En el caso de las personas mayores, Carrasco hace hincapié en que “son más vulnerables a los efectos de la soledad debido a la disminución de la resiliencia fisiológica (capacidad del organismo de soportar y adaptarse a condiciones adversas) como mecanismos de reparación que son consecuencias naturales del envejecimiento.

Datos

Desde la vigencia (agosto 2014) del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) en Ecuador se sanciona los casos de abandono a las personas adultas mayores según lo establece el Artículo 153.

Las penas se castigan con prisión de 1 a 3 años y de 16 a 19 años, de acuerdo a los agravantes por el abandono a los adultos mayores.

El texto del Artículo 153 del COIP establece el abandono de personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas.

De igual manera, las lesiones producto del abandono de persona, se sancionarán con las mismas penas previstas, aumentadas en un tercio. Si se produce la muerte, la pena será de 16 a 19 años.

Actualmente existen más de 91.637 personas menores de 75 años de las cuales no se conoce su situación de vulnerabilidad actual. Tampoco se conoce si sufren abandono de sus familiares o incluso maltrato. La situación de pobreza extrema deteriora aún más la calidad de vida de los adultos mayores y sus derechos tanto en el campo como en las ciudades.

Fuente: El Telégrafo/Palabra Mayor - 6/6/2015.
http://www.telegrafo.com.ec/palabra-mayor/item/la-vejez-requiere-de-corresponsabilidad.html