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Pensión económica: Polémica en torno a la Ley del Adulto Mayor en Guatemala
Diario La Hora
16.02.2006
En los últimos dÃas fue tema de polémica el veto del presidente Óscar Berger, en Consejo de Ministros, al Decreto 80-85 del Congreso de la República, Ley de Pensión Económica del Adulto Mayor, rechazado por el Organismo Legislativo.
El espÃritu de la ley es otorgar pensión económica vitalicia a las personas de tercera edad que carecen de jubilación o cualquier otro ingreso amparado por regÃmenes de previsión social y que, por esa razón, pasan apuros para su subsistencia.
La ley contempla una pensión de 400 quetzales mensuales para los adultos mayores que, según estimaciones del Gobierno, representarÃan no menos de 240 millones de quetzales anuales de desembolso al Ministerio de Finanzas Públicas, para beneficiar a un estimado de 60 mil ancianos.
Las autoridades indican que no hay fondos para financiar las pensiones y aunque el Congreso aprobó la ley el quince de noviembre de 2005, el presidente Berger decidió vetarla y a cambio ofreció una nueva propuesta, para compensarla.
Tentativamente el Gobierno habrÃa planificado obtener los fondos del 1.85 por ciento de ingresos que genera el Impuesto al valor Agregado (IVA), el tributo de mayor incidencia en las finanzas del Estado.
Según cálculos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en 2004 dicho porcentaje equivalÃa a aproximadamente 1,530 millones de quetzales.
Fuentes oficiales aseguran que la nueva propuesta del Ejecutivo para beneficiar a los adultos mayores serÃa considerarlos como tales a partir de los 65 años de edad.
Se estima que en el paÃs hay casi medio millón de personas mayores de esa edad, equivalentes a aproximadamente el 4.4 por ciento de la población total que alcanza los trece millones de habitantes.
Uno de los argumentos expuestos en el veto presidencial, es que en la ley el Congreso no especificó las fuentes de financiamiento para la pensión a las personas de la tercera edad.
Por su parte, el Programa Nacional del Adulto Mayor (PRONAM), dice que sigue con interés la evolución del tema y que entre sus proyectos contempla una polÃtica para promover la mejorÃa de las condiciones de vida de los guatemaltecos que han llegado a la tercera edad, sin tener ingresos fijos.
HACIA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA
Según el PRONAM, una de sus metas es reducir en una década a diez por ciento el nivel de pobreza que aqueja a los adultos mayores y la mortalidad por enfermedades infecciosas en el sector.
El Gobierno ha insistido en el problema de la falta de fondos para financiar la ley, a tal punto que el Ministerio de Finanzas Públicas llegó a considerar que, en todo caso, los recursos tendrÃan que obtenerse de transferencias de los ministerios de Gobernación, Educación y Salud.
Por su parte, la Asociación de Personas de la Tercera Edad sin Cobertura Social estima efectivamente en 500 mil los guatemaltecos catalogados como adultos mayores, de los cuales numerosos carecen de pensión económica o jubilación.
Según la entidad, los guatemaltecos que no tienen cobertura de seguridad o previsión social, padecen enfermedades, hambre, abandono, falta de vivienda y muchas otras crisis, que hacen cada dÃa más difÃcil su subsistencia.
Además, señala, la crisis se agudiza para estas personas, por la discriminación, pues en muchos casos se les ve de menos o se les ignora, precisamente por su condición de ancianos.
En el sector sobresale la incidencia de estos males en las mujeres de la tercera edad por falta de cobertura social, luego que han dedicado sus vidas a tareas agrÃcolas o trabajando en fábricas, en casas particulares (muchas de ellas como domésticas) o en la economÃa informal.
La entidad menciona que no es exagerado señalar que en no pocos casos, la crisis ha llevado a muchas de estas mujeres al suicidio, producto de la desesperación por no tener ingresos para subsistir.
El estira y encoge relacionado con la ley, ha llevado a los adultos mayores a protagonizar protestas callejeras.
La ley contempla una pensión de 400 quetzales mensuales para las personas de la tercera edad que carecen de ingresos.