Dentro de 40 años, casi un cuarto de la población total de nuestra región tendrá más de 60 años. Se estima que la población de América Latina y el Caribe envejecerá a un ritmo acelerado en los próximos 15 años (3,6% entre 2010-2025), y esto tendrá un profundo impacto en los sistemas de protección social y servicios de salud, forzando a una definición del rol del Estado y una reasignación de recursos públicos.
Según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) de la CEPAL, el alto ritmo de crecimiento de la población mayor implica que entre 2000 y 2025, 57 millones de adultos mayores se sumarán a los 42 millones ya existentes. Para 2050, la población mayor de 60 años se incrementará en otros 84 millones.
En la región, en los países de más altos ingresos y mayor desarrollo institucional, la población está envejeciendo más rápidamente, y a la inversa: en los países más pobres y de poca solidez institucional, el ritmo de envejecimiento es menor.
Según CELADE, entre los países con incipiente envejecimiento se ubican Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y Nicaragua. Aquellos con envejecimiento moderado incluyen Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica y México. Los países con tasas de envejecimiento moderadamente avanzado son Argentina, Chile, Trinidad y Tabago, y con envejecimiento avanzado están Barbados, Cuba, Martinica, Puerto Rico y Uruguay.
El proceso de envejecimiento de la población en nuestra región es más acelerado y conlleva urgencias y consecuencias distintas a las observadas en países desarrollados, cuyo ritmo de envejecimiento ha sido menor. Aquí, se da en un contexto de gran precariedad y desigualdad social y económica, un débil desarrollo institucional, baja cobertura y calidad de los sistemas de protección social y una fuerte carga sobre la estructura familiar en cuanto al cuidado y satisfacción de las necesidades de la población mayor.
La transformación demográfica está obligando a los Estados a anticiparse a las consecuencias que tendrá la creciente población de personas mayores en un futuro próximo, reconociendo sus derechos y adecuando sus asignaciones presupuestarias y capacidades técnicas.
Los Estados progresivamente están tomando conciencia de la necesidad de planificar a largo plazo para atender a este segmento de la población, medir la eficacia de las actuales leyes, políticas y programas orientados a adultos mayores, y analizar las áreas en que se requerirá de mayores recursos e intervención pública, incluyendo algunas que hasta el momento han sido por lo general ignoradas, como los entornos físicos y sociales.
“Hoy, la región vive un momento propicio para replantearse el diseño de políticas. Buena parte de los países atraviesa un período en el que el peso relativo de las personas en edad dependiente decrece a causa de la baja de la fecundidad y del por el momento bajo peso relativo que representan las personas mayores. Esta situación, denominada ‘bono demográfico’ o ‘ventana de oportunidades demográfica’, otorga un potencial respiro a las arcas públicas y permitiría un período de rediseño de las políticas públicas hacia enfoques de más largo aliento,” afirmó Dirk Jaspers, Director de la División de Población de la CEPAL (CELADE), en su presentación durante el Seminario Regional “Avances y acciones clave para la implementación del Programa de Acción de El Cairo, a 15 años de su aprobación”, el 7 de octubre.
Las políticas públicas para la población de edad avanzada se diferencian de un país a otro según el ritmo de transformación demográfica de su población, su proceso de desarrollo socio-económico, los recursos disponibles, y otras áreas prioritarias para la inversión social.
En mayor o menor medida, los países de la región han avanzado en esta dirección, reconociendo los derechos de las personas de edad y creando marcos legales para su protección. Estos incluyen disposiciones constitucionales, leyes, estatutos y reglamentos relativos a sus derechos, beneficios y tratos especiales. En algunos países se han creado instituciones con rango ministerial u organismos públicos para atender las necesidades de las personas mayores y coordinar políticas públicas orientadas hacia ellos.
Sin embargo, a menudo los derechos legalmente consagrados no se traducen en garantías y protección efectivas, debido, en buena parte, a la falta de recursos y mecanismos de exigibilidad.
En general, estas medidas se centran en establecer una protección especial para personas mayores de bajos recursos, ampliar la cobertura de los sistemas de seguridad social, mejorar los servicios de salud y garantizar pensiones no contributivas, entre otras.
A pesar de estas medidas, una parte importante de la población adulta mayor en la región aún no tiene acceso a prestaciones de seguridad social, servicios de salud o servicios básicos de calidad y de manera sostenida. Esto se debe tanto a que los sistemas de protección social son precarios en general, como a la aún escasa atención asignada a este grupo etáreo en las políticas públicas.
Particularmente urgente es incorporar la protección de los ingresos de las personas mayores a las políticas públicas. Esto sigue siendo incipiente en la región, pero existen iniciativas para promover el empleo para trabajadores mayores, fomentar el acceso a créditos para actividades productivas, y aumentar bonos, subsidios y asignaciones familiares.
Las débiles políticas públicas dirigidas a las personas mayores ha significado el traslado de la responsabilidad para su cuidado y atención hacia la familia, particularmente hacia las mujeres. Esto no sólo implica una carga emocional y económica, sino que también impide que muchas mujeres se incorporen al mercado laboral o se desarrollen en otros ámbitos.
El trato discriminatorio hacia las personas mayores va más allá de su exclusión de políticas públicas, afirmaron los participantes a la Reunión Regional de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y El Caribe sobre Envejecimiento, realizada en CEPAL el 1-2 de octubre recién pasado.
“Aún no se ha logrado que los distintos actores sociales, incluyendo las mismas personas mayores como protagonistas, y en particular los medios de comunicación social, promuevan una imagen positiva de la vejez,” señalaron en el documento final de la reunión. “El incremento de la discriminación… se acentúa en las zonas rurales, los grupos de jubilados, personas privadas de libertad, migrantes, desplazamiento forzado, pueblos originarios, zonas andinas y australes.”
Para muchos gobiernos de la región, el envejecimiento de su población aún no es un tema prioritario y a veces es apenas visible en la agenda pública. Sin embargo, en pocas décadas más, será inevitablemente uno de los ejes de las políticas públicas que requerirá de medidas urgentes.
Una manera de anticiparse es promoviendo el empleo digno y la capacidad de ahorro para los jóvenes de hoy, garantizando una mejor vida futura. Y no menos importante es la incorporación de las personas mayores al proceso de diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas, un proceso del que –hasta ahora- han estado por lo general ausentes.
Más información en: http://www.cepal.org/celade/envejecimiento