Un total de 80 casos de abuelos demandados -y algunos de ellos privados de su libertad- por pensiones alimenticias adeudadas por sus hijos han sido registrados por la Defensoría del Pueblo en Ecuador.
En abril pasado, Cayetano Cedeño y María Vera, ambos de 95 años, fueron puestos bajo arresto domiciliario en la provincia costera de Manabí por un juicio de alimentos seguido en contra de su hijo. Cedeño falleció tras la disposición de la jueza de la Niñez que le impedía salir de su casa.
En junio de este año, una orden de detención fue emitida -y días después revocada- en contra de Agustina Espinoza, de 64 años y quien padece una hernia inguinal, por el no pago de pensiones alimenticias por parte de su hijo, domiciliado en Estados Unidos.
Finalmente, en el caso más reciente de abuelos detenidos por juicios de alimentos, Beatriz Miranda, de 52 años, debió cumplir a fines del mes pasado casi una semana en una cárcel de Guayaquil por la deuda de manutención sostenida por su hijo, quien vive en España.
Vulneración de derechos
Se trata de casos que han provocado discusión en el país en torno a la necesidad de proteger los derechos tanto de niños como de ancianos, ambos considerados grupos de atención prioritaria dentro de la Constitución ecuatoriana.
Las decisiones judiciales han aplicado el Código de la Niñez, donde se establece que en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidades del demandado, el pago de las pensiones alimenticias deberá ser asumido por familiares en este orden: abuelos, hermanos mayores de 21 años y tíos.
Dicho Código, cuyas últimas reformas fueron efectuadas el año pasado, determina además que los jueces de la Niñez podrán disponer el "apremio personal", o privación de libertad, para los mencionados familiares, a quienes esta normativa llama "obligados subsidiarios".
Para el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, la prevalencia que establece la Constitución de los derechos del niño sobre los de las demás personas no debe significar acciones que constituyan una "grave vulneración" de los derechos de los adultos mayores, es decir, aquellos que hayan cumplido 65 años.
"La libertad es un bien jurídico supremo. La obligación subsidiaria es de pagar alimentos. No cabe privación de libertad para el obligado subsidiario", manifestó Gutiérrez a BBC Mundo.
A decir del funcionario, los jueces deben ponderar los derechos que puedan entrar en colisión, y en ese ejercicio atender las condiciones de salud, económicas y emocionales de los abuelos.
Gutiérrez dijo que ha pedido al Consejo Nacional de la Judicatura que emita un instructivo a los jueces de la Niñez "en el que se señalen criterios para la aplicación justa de la Constitución y el Código de la Niñez, sin menoscabar la independencia del juez".
Entretanto, varios asambleístas preparan proyectos de reforma al Código de la Niñez en los que se plantea que los responsables subsidiarios no sean objeto de privación de libertad, sino que, en caso de ser necesario, procedan al pago de las pensiones adeudadas con sus bienes patrimoniales.
Responsabilidad subsidiaria
El Consejo de la Niñez y Adolescencia, por su parte, defiende las disposiciones del Código de la Niñez en relación a la subsidiariedad de familiares en el pago de las pensiones alimenticias, en lo que se incluye la posibilidad de que un juez dictamine privación de libertad para abuelos bajo ciertas condiciones.
"En ningún momento el Código va en contra de los derechos de las personas adultos mayores. Simplemente ubica a los abuelos también como responsables, pero ya queda en manos del juez hacer una evaluación", dijo a BBC Mundo Nathaly Sevilla, abogada del Consejo.
Sevilla señaló que los jueces deben efectuar un análisis económico de los abuelos antes de tomar una decisión, mientras que la secretaria ejecutiva del Consejo, Sara Oviedo, recordó que la responsabilidad subsidiaria está presente en el Código Civil ecuatoriano desde mediados del siglo anterior.
Oviedo manifestó que aún hay mucho por hacer para garantizar el derecho a alimentos de los niños en Ecuador, al señalar que hasta el año pasado se contabilizaron más de 100.000 juicios de alimentos represados en los juzgados del país.
Fuente: BBC Mundo 8/7/2010.