En América Latina y el Caribe, las personas de edad suman alrededor de 57 millones, 10% de la población total. En el lapso de cuatro décadas, su número se habrá más que triplicado, alcanzando 186 millones, lo que representará una cuarta parte de los habitantes de la región.
Se trata de una revolución silenciosa --como lo ha afirmado las Naciones Unidas--, que por la velocidad sin precedentes y el contexto de desigualdad en el que se produce, tendrá serias consecuencias para el desarrollo, las políticas públicas y los derechos humanos.
Estudios realizados por el CELADE-División de Población de la CEPAL concluyen que en la actualidad existe una enorme dispersión respecto a los derechos de las personas mayores en la doctrina internacional de los derechos humanos, lo cual deriva en ambigüedades para su reconocimiento y dificultades para su promoción y protección por parte de los estados, los actores internacionales y la sociedad civil.
Frente a este diagnóstico, varios países de la región proponen ampliar la protección y vigilancia de los derechos de este grupo social por medio de un tratado jurídicamente vinculante, tal como en su momento ocurrió con las mujeres, los niños y las personas con discapacidad.
Una convención, afirman, es hoy un instrumento necesario para dotar de máxima prioridad a las personas mayores y para clarificar los principios de derechos humanos que deberían orientar las leyes, políticas y programas de desarrollo en contexto de cambio demográfico.
Durante las últimas dos décadas, la preocupación de la comunidad mundial respecto de la situación de las personas de edad se ha reflejado de forma gradual en la adopción de políticas internacionales y regionales específicas. Estas iniciativas han impactado el quehacer de los estados y, de una u otra manera, han incidido en la forma en que se abordan los asuntos del envejecimiento.
A partir de los Principios de las Naciones Unidas en favor en las Personas de Edad, de 1991, varios países de la región empezaron a normar los derechos de este grupo social. Más adelante, con el Año Internacional de las Personas de Edad, conmemorado en 1999, y la celebración de la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en 2002, este proceso se intensificó.
Le siguió, en 2003, la Estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, y la Declaración Brasilia, en 2007.
En la actualidad, 13 países latinoamericanos cuentan con leyes de protección de los derechos de las personas mayores: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela, y al menos otros tres están trabajando en ello.
Este proceso de elaboración de normas --junto con la jurisprudencia de varios estados latinoamericanos-- revela la emergencia de nuevos entendimientos y consensos en torno a los derechos de las personas de edad.
En este contexto, la CEPAL ha hecho una enorme contribución a la construcción de las cuestiones de las personas mayores como asuntos de derechos humanos.
En el artículo 26 de la Declaración de Brasilia, adoptada en la segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento en América Latina y el Caribe, convocada en conjunto con el gobierno de Brasil en 2007, los delegados se comprometieron a impulsar la elaboración de una convención sobre los derechos humanos de las personas de edad en el seno de las Naciones Unidas.
Hasta ahora se han efectuado tres reuniones de seguimiento de la Declaración de Brasilia con el apoyo técnico de la CEPAL, en Brasil (2008) y Argentina y Chile (2009). En 2010 el tema fue debatido en distintos seminarios nacionales y subregionales, particularmente en el ámbito del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) Ampliado y América Central.
En el último trimestre de 2010, hubo dos importantes hechos internacionales que marcaron una nueva rúbrica en el tratamiento de la vejez y el envejecimiento. El 19 de octubre, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer adoptó su Recomendación No. 27 sobre mujeres mayores y sus derechos humanos. Un mes después, la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la creación de un grupo de trabajo sobre los derechos de las personas de edad.
Según Dirk Jaspers, Director del CELADE-División de Población, “ambos hitos son fundamentales para avanzar en los compromisos de la Declaración de Brasilia. El primero llama la atención acerca de la necesidad de incorporar la perspectiva generacional en el análisis de la situación de las mujeres durante todo el ciclo de vida. El segundo, es un logro que nos honra, puesto que nace desde América Latina y el Caribe, en el ámbito de la CEPAL”.
El grupo de trabajo --promovido desde América Latina, con el apoyo del Grupo de los 77 y China-- deberá examinar el marco jurídico internacional en materia de derechos de las personas de edad para determinar posibles deficiencias y soluciones.
Otro antecedente de la creación del grupo fue la solicitud que la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, elevó al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en cumplimiento con los acuerdos de la última sesión del Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo, celebrada en Santiago de Chile, del 12 al 14 de mayo de 2010. Dicha petición destacó la prioridad de establecer un grupo que lidere la elaboración de un tratado internacional para la protección de los derechos humanos de las personas mayores.
Más información:
Seguimiento regional de la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento
Envejecimiento y derechos humanos: situación y perspectivas de protección (doc. pdf)
Fuente: CEPAL – marzo 2011.
http://www.eclac.cl/notas/67/index.html