Defensor del pueblo emitió recomendaciones a varias instancias estatales.
Maltratos físicos, psicológicos y despojo, cometidos inclusive por sus propios hijos, constituyen los casos de vulneración de derechos a los que están más expuestos los adultos mayores en Bolivia, cuya población alcanza a los 700 mil habitantes, en su mayoría mujeres.
Los datos fueron conocidos durante la presentación del estudio denominado Levantamiento de información sobre el estado de los derechos de las personas adultas mayores en Bolivia, que fue elaborado por el Defensor del Pueblo y el organismo no gubernamental HelpAge International Programa Bolivia.
El documento recoge datos sobre el estado de los derechos humanos en ese grupo afectado, en el marco de la justicia ordinaria y comunitaria y también sobre el cumplimiento e implementación de políticas públicas a nivel nacional, departamental, municipal y en territorios autónomos indígena originario campesinos.
En la oportunidad de la presentación de los resultados, el defensor del pueblo, Rolando Villena, emitió varias recomendaciones a las entidades estatales para satisfacer las demandas de los derechos humanos de la población de ancianos.
“Se deben generar políticas públicas en el campo educativo para que sea la base sustantiva para orientar a las generaciones que están en el proceso educativo, en la perspectiva de tener, a mediano plazo, políticas públicas que también estén en la línea de fortalecer más la cultura del envejecimiento en el país”, dijo.
Según Villena, los espacios para que los adultos mayores tengan acceso a denuncias están todavía muy sesgados, es decir que ellos no tienen oportunidades. “Generalmente el adulto mayor, por no perder la relación y la protección de su familia o con el entorno o la comunidad donde vive, prefiere callarse”, añadió.
Villena agregó que el silencio de los adultos no es señal de su prudencia, sino que es un silencio de protesta ante las situaciones que son inaguantables, pues se los denigra en su condición humana y psicológica, lo que provoca quiebres y secuelas postraumáticas que imposibilitan que hagan prevalecer sus derechos.
“Las instituciones que hacemos prevalecer los derechos de los adultos mayores estamos al servicio de Anambo (Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia), una institución que ya tiene reconocido prestigio. El camino es largo, pero por lo menos ya tenemos datos estadísticos”, dijo.
La autoridad añadió que se tiene que hacer un relevamiento de información permanente, que permita, al mismo tiempo y de manera paralela, trabajar en el campo de la educación con la finalidad de que los adultos mayores puedan romper los esquemas de falsos estereotipos que están condicionando sus vidas, después que le han dado mucho a sus familias y al país.
Es así que Villena emitió varias recomendaciones y entre las más importantes está la dirigida al Ministerio de Salud y Deportes, instancia a la que se le pide diseñar un plan de acción para regular, coordinar, supervisar y monitorear la implementación del Seguro Para el Adulto Mayor (SPAM) en los 337 municipios.
“Al Ministerio de Autonomías se le recomienda que garantice la participación activa de las organizaciones de personas adultas mayores en la construcción de los estatutos autonómicos (departamentales) y cartas orgánicas municipales”, añadió.
Villena señaló también que el Ministerio de Gobierno debe coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el diseño de un plan de acción y la asignación de recursos económicos, en sus Programas Operativos Anuales (POA), para la emisión, renovación y regularización de las cédulas de identidad.
“La cartera de Gobierno también debe implementar en sus actividades programas de sensibilización y capacitación trimestral para el personal de la Policía Boliviana. Eso es fundamental, porque todavía tenemos una Policía que no está tomando con mucho cuidado ni responsabilidad esta su tarea”, afirmó.
Además, el Ministerio de Justicia debe viabilizar el Plan Nacional de Envejecimiento de personas adultas mayores, lo que será un fundamento para el reconocimiento y construcción de políticas públicas para los niveles departamentales. “También debe elaborar un plan de acción e intervención para la difusión e implementación del deslinde en el área rural”, añadió.
Finalmente recomienda a las entidades originarias autónomas campesinas que realicen labores de orientación, destinadas a la protección de los bienes materiales de los adultos mayores, además de garantizar el acceso a la tierra.
Los datos más reveladores del documento
El estudio realizado por el Defensor del Pueblo y HelpAge Internacional Programa Bolivia revela que en el país existe un promedio de mil denuncias de vulneración de derechos de las personas adultas mayores, según los datos del año 2010.
Rolando Jitton, director del organismo no gubernamental que realizó el estudio junto con el Defensor del Pueblo, afirmó que eso es señal de que la situación es “preocupante”.
“Las denuncias que llegan a la oficina del Defensor han sido más por maltratos físicos y psicológicos; pero en el caso de los Centros de Orientación Socio Legal se refieren a información y orientación, aunque también suman las denuncias de despojo por parte de los hijos”, dijo.
Asimismo informó que la cantidad de adultos mayores que hay en el país alcanza a 740.269, es decir que ese grupo representan el 7 por ciento de la población nacional.
Uno de los datos que está contenido en el estudio señala que solamente el 22 por ciento de los adultos mayores cuenta con una renta de jubilación
Además, 43 por ciento de la entidades bancarias no conocen la ley y no cuentan con ventanillas únicas de atención a las personas de ese grupo.
Frente a estos casos, Jitton pidió la colaboración de los medios de prensa para hacer el seguimiento y vigilancia de los derechos vulnerados.
Rafael Alvis Flores
Periódico Boliviano - Cambio
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-06-16&idn=47689