Ante el envejecimiento de la población dedicada a las actividades agrícolas, fenómeno demográfico que se agudiza por el abandono y desmantelamiento del campo y la emigración de los jóvenes, México enfrenta el reto de diseñar políticas públicas que incentiven la producción para el rescate de tierras improductivas y la creación de paraestatales dedicadas al sector, consideró Óscar Gerardo Hernández Lara, alumno del programa de doctorado en Geografía de la UNAM.
La edad promedio de los ejidatarios y pequeños propietarios es de 65 años; sus hijos y nietos no están interesados en continuar con estas tareas, debido a la escasa remuneración y emigran a Estados Unidos o Canadá. Al volver, establecen pequeños negocios, ajenos a la actividad agrícola, explicó.
En el trabajo Geografía del envejecimiento en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, refiere que durante sus estudios de maestría observó que los campesinos cuentan con edades avanzadas, mientras que la población que podría dedicarse a estas tareas aspira a trabajar en las ciudades del país o en el extranjero, en actividades industriales o del sector terciario. Esto implica un riesgo para la seguridad y soberanía alimentarias, advirtió.
El proceso coincide con el desmantelamiento y abandono del ámbito rural desde hace tres décadas, la falta de políticas públicas, de programas y de paraestatales de apoyo, la caída de la producción, el incremento en las importaciones de alimentos y las limitaciones y restricciones en los apoyos para los productores, puntualizó.
Envejecimiento
El envejecimiento es un fenómeno demográfico mundial, con desfase entre países desarrollados, subdesarrollados y en desarrollo. En Europa, la transición es evidente en Francia y España, donde la población de personas de la tercera edad supera a la de jóvenes y niños.
En México, la pirámide poblacional se modificará gradualmente hacia el año 2050, por el aumento en la esperanza de vida y la decisión de las parejas de no tener hijos. La población de cero a 14 años se reducirá hasta ser menor que la de 25 años. En 2002, refirió, la edad promedio del campesinado era de 52 años.
Hernández Lara indicó que ante la falta de interés en la agricultura, debido a la reestructuración en el sector y la escasez de oportunidades laborales, de vivienda y servicios en zonas rurales, se registran movimientos migratorios hacia otros municipios urbanos, entidades federativas o a Estados Unidos y Canadá.
En primera instancia, los jóvenes que residen en el campo eligen trabajar en áreas urbanas cercanas a sus comunidades y no dedicarse a las tierras que heredan de padres o abuelos, mismas que venden o rentan, cambian el uso de suelo a habitacional o establecen un negocio en la propiedad, detalló.
El panorama es desalentador si habitan en ciudades o emigran al extranjero, porque los terrenos son abandonados, lo que reduce su precio en el mercado de tierras (legalizados a partir de la reforma al artículo 27 constitucional, en vigor desde 1992).
Esto favorece la entrada de empresas transnacionales dedicadas a la agroindustria, que comprarían tierras baratas para fomentar el uso de transgénicos, con el argumento de lograr producciones a gran escala para garantizar la seguridad alimentaria del país, sostuvo.
Estrategia
En este contexto, se requiere la participación de arquitectos, diseñadores industriales, agrónomos, planificadores, geógrafos, sociólogos, antropólogos y etnógrafos que desarrollen infraestructura rural adecuada para la población de la tercera edad.
Además, se necesitan esquemas para transformar las tareas del campo en una actividad económica atractiva y bien remunerada para los jóvenes. Para lograrlo, es necesario impulsar la educación rural, a fin de enseñar a los niños a trabajar la tierra y fomentar el arraigo e identidad con sus comunidades.
El desinterés en el ámbito educativo está relacionado con un modelo económico que trastoca las esferas de la sociedad. En las escuelas rurales ya no interesan las labores agrícolas, al sólo instruir a los menores en el uso de máquinas para que sean trabajadores competitivos en las empresas o como obreros en talleres, entre otras actividades que se consideran más productivas, sostuvo.
A nivel federal es necesario establecer empresas paraestatales que apoyen la producción y comercialización. Actualmente, los programas son asistenciales y selectivos al destinar los recursos con criterios muy estrictos, concluyó.
Boletín UNAM-DGCS-768
Ciudad Universitaria
25 de diciembre de 2013.
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_768.html