El 24 de agosto de 2016 se convierte en una fecha histórica a partir de la ratificación en el Parlamento uruguayo de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Se trata del primer instrumento regional de su tipo en el mundo. Por unanimidad, la Cámara de Senadores ratificó este instrumento que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Representantes desde el pasado 4 de mayo.
Uruguay pasa a ser el segundo país en ratificar la Convención, luego de Costa Rica, quien logró su ratificación el 28 de julio. Este hecho lo transforma en un marco legal vinculante.
Según explicó Ignacio Sammarco, director de la División de Regulación de Inmayores, que sea vinculante significa que todos los Estados parte deben adecuar su normativa, disposiciones legales y administrativas a lo que establece la Convención, en pos del cumplimiento de los derechos y de la protección contra todo tipo de discriminación hacia las personas mayores.
Sammarco agregó que está previsto un mecanismo de seguimiento compuesto por la Conferencia de Estados Parte y por el Comité de Expertos para el cumplimiento del instrumento, donde se darán a conocer las recomendaciones en base al trabajo realizado por cada miembro.
Punto de partida
En cuanto al estado de situación en Uruguay relacionado con las personas mayores al momento de la aprobación de la Convención, Sammarco expresó que es necesario dar continuidad al trabajo que se está realizando desde la evaluación e investigación en la protección de derechos, de forma seguir aportando al diseño e implementación de las políticas.
La ratificación de la Convención representa para Uruguay un nuevo marco de trabajo con impactos no sólo a nivel normativo, sino también como instrumento político que extenderá el proceso de ampliación y fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores.
Cambio cultural
La Convención significa un gran avance en el cambio de paradigma sobre la comprensión del envejecimiento y la vejez, concibiendo a las personas mayores en su integralidad y como sujetos de derecho. A su vez, es el primer instrumento que plantea las desigualdades de género en la vejez e incorpora temas que previamente eran tratados de forma marginal como la violencia y el maltrato en esta etapa de la vida y los derechos de las personas mayores que reciben servicios de cuidado a largo plazo.
Algunos de los aspectos que contempla la Convención son: derecho a la seguridad, la vida libre de violencia, el libre consentimiento en materia de salud, el derecho a recibir cuidados, la libertad de expresión, de información, el derecho a la nacionalidad, al goce de la cultura, al trabajo.
Fuente: MIDES – 24/08 2016.
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/63524/3/innova.front/historico-paso