Las proyecciones demográficas de la Contraloría confirman los números mundiales que indican una creciente población mayor de 60 años que requiere de políticas específicas aún en el tintero.
María del Pilar Méndez
La Estrella de Panamá, 17 de septiembre de 2017.
Roberto deseaba comprarse un sofá reclinable. La mueblería anunciaba la posibilidad de pagarlo a plazos y él quería esa opción.
Grande fue su decepción al saber que por sus 81 años de edad, él no era candidato a esa opción de pago. Su edad lo alejaba de su sofá reclinable, a menos que lo pagara de inmediato.
Aunque parezca tonto, este tipo de situaciones la viven muchos adultos mayores que parecen estar rebasando el tiempo de vida que el Estado y las entidades financieras estipularon para ellos.
Esta situación no va de la mano de la realidad mundial, pues varios estudios evidencian el envejecimiento de la población y Panamá no escapa de ello. De hecho, en 2015 el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República realizó el estudio de proyección ‘Envejecimiento Demográfico en Panamá Período 1960-2050'. En 1960, cuando el estudio comienza, había 63,730 personas mayores de 60 años; en el último censo de 2010 se contabilizaron 355,915 y se estima que para 2050 la población panameña mayor de 60 años será de un millón 351,367 individuos.
Esto responde a muchas variables que incluyen las campañas de adoptar estilos de vida saludables, así como los avances médicos.
Sin embargo, para Rafael Medina, miembro de la Confederación de Jubilados y Pensionados de Panamá, el país está lejos de estar preparado para atender a ese creciente número de adultos mayores y garantizar el pleno cumplimiento de sus derechos.
Hace poco más de un año, se promulgó la Ley 36 del 2 de agosto de 2016 que establece la normativa para la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores.
La maratonista y activista de los derechos de los adultos mayores, Edilia Camargo también siente que la ley se quedó corta en cuanto a la protección de derechos.
‘El adulto mayor debe asumir sus derechos en una sociedad que lo rechaza, lo discrimina, se burla de él, que lo niega como ciudadano y que solo lo ve como sujeto de compasión y politiquería', afirma Camargo.
Aunque la ley aún está en el desarrollo de su implementación, plantea, entre otras cosas, que los adultos mayores tienen derecho a la recreación, a permanecer en su residencia hasta que así lo deseen, la posibilidad de un trabajo digno y la creación del Instituto del Adulto Mayor, enumera Reina Castroverde de Loo, trabajadora social y coordinadora del Proyecto de Inversión y Desarrollo para la Aplicación de las Políticas a favor de los Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Necesidades básicas
Castroverde menciona que uno de los derechos que contempla la ley y que igualmente promueve la Dirección de Políticas Sociales del Mides es el vivir con independencia y satisfacer sus necesidades básicas.
El Capítulo III de la Ley 36, sobre Políticas Públicas, indica en el Artículo 16 que el Estado tiene la responsabilidad, a través de las entidades correspondientes, de brindar servicios de salud. Esto implica el dotar de recursos financieros la atención integral en un ambiente digno, así como la promoción de la capacitación gerontológica y geriátrica para el personal de salud.
Sin embargo, Medina considera que el primer derecho que se le niega a los adultos mayores es el de la salud, pues considera que ni la Caja de Seguro Social ni el Ministerio de Salud atienden cabalmente esta necesidad fundamental, a pesar de que reconoce que sí hay una buena intención, pero que no alcanza.
Medina, de 87 años, asegura ser testigo de cómo el Estado falla en contar con una apropiada institución para atender a los pacientes con enfermedades degenerativas como el Alzheimer.
Y es que una de las grandes carencias es el personal médico especializado en geriatría para este tipo de pacientes y aunque el programa de visitas médicas de la Caja de Seguro Social es bueno, sus problemas de coordinación entre el personal y la falta de insumos afectan su regularidad.
Sobre este tema, Camargo indica que la sociedad asume que luego de los 60 años, los adultos mayores no son capaces de valerse por sí mismos y es por ello que se ha argumentado que sus derechos pueden intercambiarse con los de las personas con discapacidad, aunque sus necesidades no sean necesariamente las mismas.
‘Cuando yo viajo, varias veces han venido los agentes de seguridad del aeropuerto a preguntarme que por qué viajo sola y yo les respondo que qué les importa', dice la atleta.
En la soledad
Castroverde de Loo señala que otro de los derechos de los adultos mayores es el permanecer en su vivienda y poder demandar no ser retirado de su entorno familiar, pero reconoce que a veces el Mides y otras instituciones deben intervenir porque el adulto mayor es sujeto de maltrato o vive en la pobreza.
‘Si el adulto mayor se vale por sí mismo y se opone a irse de su casa, no se debe violar ese derecho', recalca la trabajadora social.
Pero lamentablemente muchos hijos dejan en asilos a sus padres para quedarse con la casa o sus bienes.
Hay una mínima proporción de adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos y necesitan quien los cuide, considera Camargo. ‘Lo importante es que ese adulto mayor no se mueva de su hogar y para eso el Estado debe entrenar a la familia en su cuidado o facilitar que puedan tener un cuidador'.
Por su parte, Medina menciona que aún los asilos privados presentan grandes deficiencias atendiendo a los ancianos.
El trabajo dignifica
La vocera del Mides explica que la ley contempla que los adultos mayores que aún se sientan productivos pueden seguir trabajando bajo algunas condiciones para los empleadores, como horarios flexibles o un área de trabajo adecuada.
Ella reconoce que entre las organizaciones civiles se hace la queja de las presiones que ejercen ciertas empresas para que las personas próximas a jubilarse se vayan o sean reemplazadas.
Así también lo denuncia Camargo, quien considera que debe haber un periodo de transición entre el momento en que se anuncia la jubilación y el puesto es ocupado por quien reemplazará al jubilado. Este período es importante para que quien ya se retira pueda planear su jubilación aunque posteriormente tenga un trabajo remunerado.
‘Si bien es cierto que se le debe a la juventud oportunidades laborales, hay que respetar los derechos de cada grupo poblacional y pienso que lo esencial sería ir adecuando las cosas para que tengamos una sociedad para todas las edades', destaca Castroverde de Loo, quien menciona que la expectativa de vida para las mujeres ronda los 80 años.
‘La maravilla de la vejez es la posibilidad de reinvertarse en una etapa de la vida en la que aún se está con energía', dice Camargo.
Derecho económico, la duda
Aunque la ley promueve el trabajo digno para las personas de la tercera edad, ninguna legislación en Panamá previene que las entidades bancarias ni las aseguradoras puedan poner límites a la edad que deben tener sus clientes a la hora de solicitar alguno de sus servicios, así lo reconoce Reina Castroverde de Loo, del Mides.
Añade que por el momento, las entidades bancarias permiten las solicitudes de préstamos o tarjetas de créditos hasta los 70 o 75 años, algo que no va de la mano con el aumento de la expectativa de vida.
Rafael Medina comenta que incluso los adultos mayores de 70 años tampoco pueden optar por las opciones de pagos a plazos que promueven ciertos comercios.
Para Edilia Camargo los derechos económicos no son tratados ‘porque no convienen'. ‘Ninguna aseguradora quiere cubrirnos. Cuando cumples 70 años ellos han decretado que vas a morir. Piensan que a los 70 años estoy más cerca de morir que alguien de 25, es un razonamiento absurdo', dice.
Además, menciona que aún teniendo bienes que poner en garantía para un préstamo, no los aceptan solo por la edad.
‘No somos sujetos derechos, porque el Estado ha decidido que después de los 70 años no los tenemos. No puede ser que mis derechos se agoten con la edad', sentencia Camargo, quien pertenece a la Red Continental de Personas Mayores de América Latina y el Caribe (REDCON), una de las organizaciones que promueve en la región la creación de políticas sociales hacia los adultos mayores.
Ante las situaciones que rozan la discriminación experimentadas por las personas de la tercera edad, tener claro sus derechos es la única arma que les queda para defenderse, ante un Estado que no parece tener aún una política clara en cuanto a cómo atender a esta población que no hace más que crecer tanto en número, como en edad.
VISTA INTERNACIONAL
De pactos y declaraciones sin firmar
Reina Castroverde de Loo, del Mides, reconoce que Panamá no ha firmado ninguna de las declaraciones internacionales que existen sobre los derechos de los adultos mayores, sin embargo ha adoptado las políticas impulsadas por las Naciones Unidas para la creación de sus propias legislaciones en ese tema.
Edilia Camargo es más crítica ante lo que ella percibe como una falta de compromiso del Estado.
En 2002, señala Camargo, cuando los gobiernos se reunieron en Madrid convocados por la ONU para examinar la situación de la población envejecida se aprobó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento que resultó ser no vinculante para las naciones, así como en su momento lo fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se requirió del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Al no ser vinculante este pacto, correspondió a las comisiones económicas de la ONU proponer las estrategias para que el plan de Madrid pudiera convertirse en un instrumento vinculante para la protección de los derechos de los adultos mayores.
Así, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) convocó a una reunión en 2007 en Brasil y de la que salió la Declaración de Brasilia.
Camargo reclama que desde hace 10 años, Panamá no envía funcionarios de gobierno a las Conferencias Regionales Intergubernamentales sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América latina y el Caribe, convocadas por la Cepal.
‘Sin embargo, Panamá lideró en la Organización de Estados Americanos el comité de Redacción de la Convención de Protección de los Derechos de los Adultos Mayores que fue adoptada de 2015, pero no la firmó', asegura la atleta que representa a Panamá en organizaciones internacionales de adultos mayores.
http://laestrella.com.pa/estilo/cultura/derechos-adultos-mayores-demanda-crece/24022812