Experta española compartió en Chile algunas de las iniciativas de prevención implementadas en su país. Las "unidades de respiro" son un ejemplo a imitar.
Punta del iceberg. Ése es el término acuñado por expertos de todo el mundo para definir el maltrato en los adultos mayores: un problema social de envergadura, pero que recién empieza a asomarse públicamente incluso en las sociedades más avanzadas.
"No porque antes no existiera, sino porque siempre ha sido un drama oculto; perteneciente al ámbito privado", comenta Ramona Rubio, gerontóloga social de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, quien lleva ocho años investigando este tema y que acaba de participar en un seminario sobre violencia en la Universidad SEK.
Según estudios europeos, la prevalencia de los malos tratos oscila entre el 5 y 8% de los mayores de 65 años, sin embargo, hay especialistas que sospechan de hasta 12%.
Y es que las cifras son engañosas, pues cuando se trata de la tercera o cuarta edad, el maltrato adquiere características particulares. Las personas mayores no quieren reconocerse como víctimas de malos tratos "por temor a represalias, al confinamiento en instituciones, o simplemente porque prefieren negar una realidad que les resulta insoportable (es sabido que el agresor suele ser un familiar cercano, como parejas o hijos)", agrega.
Familias sobrecargadas
La situación no cambia mucho en Chile, donde a diferencia de España, ni siquiera existe aún una ley que proteja explícitamente a este segmento etario. De ahí que la presencia de la investigadora haya resultado de provecho para aproximarse al tema.
Es cierto que en su país aún es necesario seguir difundiendo información para que la gente se atreva a denunciar, sin embargo, los españoles saben que no basta con apuntar con el dedo a los responsables. Paralelamente, han potenciado que sus profesionales manejen indicadores que les permitan detectar a tiempo sospechas de maltrato y, asimismo, que se avance en la prevención.
Las "unidades de respiro", por ejemplo, son una de las iniciativas del Estado español para prevenir situaciones de maltrato.
Son centros donde pueden permanecer temporalmente las personas mayores no autovalentes, para que la familia cuidadora pueda tomarse hasta un mes de vacaciones sin preocupación.
Asimismo, para los mayores de 65 años existe el servicio de teleasistencia cuando se quedan solos en casa por algunas horas. "Pueden recibir ayuda vía telefónica y, además, como cuentan con un medallón (de identificación), entonces se caen, se desmayan o lo que sea, llega una ambulancia o un profesional a atenderlo", explica Ramona Rubio, aclarando que el costo del programa se estima en unos 500 euros ($350 mil) al año por persona. Los aranceles son diferenciados según la condición económica del sujeto. La demanda, eso sí, no alcanza a estar cubierta.
No son ideas antojadizas. Hace una semana, expertos de todo el mundo llegaron a la misma conclusión en Río de Janeiro, durante el XVIII Congreso Mundial de Gerontología: el sistema actual está dado para que se dé el maltrato a los mayores.
"Nuestras legislaciones en Latinoamérica no contemplan políticas públicas eficaces para apoyar a las familias en la atención de adultos mayores con dependencia, entonces ellas se llevan todo el peso, el desgaste y la responsabilidad, lo que es terreno fértil para la violencia", precisa desde Brasil Laura Machado, representante para Latinoamérica de Inpea (International Network for the Prevention of Elder Abuse).
En algunos países ya hay avances para las personas mayores saludables y activas, pero el gran desafío actual -agrega la investigadora brasileña- es ver cómo enfrentamos el tema del envejecimiento de personas con enfermedades degenerativas crónicas. "De ahí que uno de los ejes centrales de Río haya sido el tema de los cuidados paliativos y la necesidad de poner esfuerzos en la capacitación de recursos humanos y de servicios para esta gente", concluye Laura Machado.
Realidad chilena
En Chile casi no se denuncia. Es que tampoco existe un marco legal que ayude.
Lo único que existe es la Ley de Violencia Intrafamiliar, que se ha orientado básicamente a mujeres y niños, no refiriéndose de forma explícita a los mayores como grupo vulnerable.
Además, contempla la violencia física y sicológica, no así el abandono o el abuso patrimonial, característico en el caso de los ancianos.
En mayo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) inició, junto a representantes del Parlamento, Carabineros, universidades y algunos ministerios, una mesa de trabajo. Su objetivo, explica la sicóloga de Senama María Eugenia Arenas, es partir por consensuar una definición y tipología que caracterice específicamente el maltrato al mayor, que permitirá socializar un lenguaje común entre profesionales.
A partir de eso, se propondrá un marco jurídico que permita una nueva legislación.