Un nuevo informe sobre el estado de la protección social en la región destaca que se registran avances en la cobertura, pero persisten brechas que deben ser atendidas de forma imperiosa, y alerta sobre la necesidad de hacer frente a los desafíos que trae consigo el futuro del trabajo.
En América Latina más de la mitad de los trabajadores no cotizan a un sistema de seguridad social para enfrentar riesgos sociales como la enfermedad, el desempleo y aquellos asociados a la vejez, de acuerdo con un nuevo informe de OIT presentado hoy, en el cual se destaca la necesidad de acciones contundentes para cerrar las brechas de cobertura existentes en la actualidad y las que se presentarán en el futuro.
El Panorama Laboral Temático de OIT “Presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe ” dice que los sistemas existentes en la región están en una encrucijada marcada por la necesidad de responder a necesidades de cobertura (cantidad de población alcanzada), de suficiencia (nivel de las prestaciones) y de sostenibilidad (capacidad de garantizar coberturas y prestaciones).
El análisis de la OIT abarca diferentes prestaciones, desde las pensiones para los adultos mayores, a seguros de desempleo, cobertura de salud o transferencias para garantizar ingresos a familias con niñas y niños, incluyendo tanto la cobertura contributiva como la no contributiva.
El informe menciona que la cobertura contributiva a la protección social en materia de pensiones, que es aquella relacionada con el empleo, aumentó de 36,6 a 44,6 por ciento entre 2005 y 2015. Se considera que esta fue una evolución positiva, aunque el dato pone en evidencia que 55 por ciento de la población ocupada aún no realiza ninguna cotización.
“Hablamos de unos 145 millones de trabajadores que no cotizan en una región donde la población está envejeciendo, lo cual puede impactar su futuro y el de sus familias”, expresó el Director Regional de OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar-Xirinachs, quien presentó el informe en la Ciudad de México. “En los últimos años han habido progresos innegables, pero persisten grandes brechas de cobertura que deben ser atendidas de forma imperiosa”, remarcó.
Salazar planteó que “la protección social es un componente fundamental del desarrollo económico y social, esencial para tener éxito en la lucha contra la pobreza y la desigualdad”, e hizo notar que frente a la incertidumbre generada por el futuro del trabajo “es urgente tomar medidas para reducir las deficiencias que registra la región”.
El informe indica que la cobertura contributiva –que por disponibilidad de información y por razones de comparabilidad se refiere en este caso a la contribución a pensiones– es asimétrica por sectores y regiones. Se concentra mayoritariamente en los asalariados públicos, donde alcanza a 80 por ciento, y privados, con 62,5 por ciento, mientras que los trabajadores por cuenta propia, por ejemplo, tienen tasas de apenas 15 por ciento y el trabajo doméstico de 26,6 por ciento.
Asimismo, es notoriamente más alta en la región del Cono Sur (incluyendo Brasil), donde llega a 58,6 por ciento, en comparación con los países Andinos donde llegó a 31,4 por ciento o de Centroamérica y México, donde alcanzó a 31,2 por ciento. Sólo seis de 16 países incluidos en la muestra tienen cobertura contributiva por encima de 50 por ciento de los ocupados.
“Estos datos nos recuerdan que vivimos en una región con alta informalidad, lo cual impacta de forma directa la participación en sistemas de protección social tradicionales pues la mayor parte de esos trabajadores no realizan cotizaciones. Casi la mitad de los ocupados en América Latina y el Caribe están en condiciones de informalidad”, comentó José Manuel Salazar.
De acuerdo con el informe en el periodo analizado de 2005 a 2015 mejoró más la cobertura contributiva de las mujeres que la de los hombres. A nivel regional, la tasa de las mujeres de 45,3 por ciento es mayor que la de los hombres, de 44,2 por ciento.
Por otra parte, el informe también recalca que “siendo una región con una desigualdad exacerbada, América Latina traslada las importantes desigualdades de sus mercados laborales a la seguridad social”.
Aunque el número de cotizantes en el primer quintil de población (20 por ciento con menos ingresos) aumentó de forma importante en el período analizado, la tasa llegó a sólo 12,3 por ciento. En comparación, el quinto quintil (20 por ciento de mayores ingresos), tiene cobertura contributiva de 71,2 por ciento. Los quintiles III y IV también tienen coberturas relativamente elevadas de 55,3 y 61,9 por ciento, respectivamente.
Pensiones para los mayores de 65 años
El informe también revisa los datos disponibles sobre los mayores de 65 años que reciben pensiones o algún otro tipo de ingresos, y que incluyen tanto a los asegurados que cumplen con los requisitos (como años de contribuciones o edad de jubilación) como a quienes no cotizaron pero se benefician de programas no contributivos o quienes tienen un salario pues aún trabajan.
Para América Latina, en 2015, 51 por ciento de los mayores de 65 años recibía una pensión, un avance de 6 puntos con respecto a 2005, cuando el porcentaje era de 45 por ciento. Sin embargo, todavía 49 por ciento de los adultos mayores de 65 años no recibe una pensión, proporción que es de 75 por ciento en los Países Andinos y de 80 por ciento en Centroamérica y México. Sólo en Cono Sur esta proporción es más baja al situarse en 25 por ciento.
El 49 por ciento que no recibe pensión se compone de 14,8 por ciento que reciben solamente un salario y 33,6 por ciento que no reciben ningún ingreso. Por regiones, las proporciones de personas de esa edad que no tienen ingresos son 19,4 por ciento en Cono Sur, 45,9 por ciento en Países Andinos, y 54,4 por ciento en Centroamérica y México.
Cuando se considera la proporción de hombres y mujeres mayores de 65 años que no recibe pensión ni salario la brecha es muy alta, ya que 17 por ciento de los hombres no reciben ningún ingreso, pero esta proporción es de 47 por ciento para las mujeres.
“El tema de la cobertura y la suficiencia de las pensiones es fundamental y expresa una brecha que compromete el futuro de los países, si tenemos en cuenta que la región está en un proceso demográfico de envejecimiento”, recordó Salazar. El informe destaca que en numerosos países hay un proceso de debate sobre las pensiones y su cobertura.
Cobertura no contributiva
El informe analiza también la cobertura de protección social no contributiva y destaca la importancia que ha tenido en los últimos años como herramienta de lucha contra la pobreza, pero alerta sobre las limitaciones cuando el espacio fiscal para poner en práctica estas medidas se reduce en situaciones de desaceleración económica, como las que ha vivido la región en los últimos años.
Desataca que en la región hay programas no contributivos destinados a la seguridad de ingreso en la vejez, para familias con niños y niñas a través de transferencias condicionadas (30 programas en 18 países en 2015 con 17,5 por ciento de cobertura) y para personas en edad de trabajar, por ejemplo ante contingencias como desempleo o enfermedad.
Con respecto a la protección social en salud, el informe destaca que en América Latina “han predominado los sistemas fragmentados que en general tienen grandes dificultades para alcanzar la cobertura universal con servicios de calidad”, registrándose importantes déficits de cobertura legal (14,5 por ciento), de recursos humanos (12,2 por ciento) y de financiamiento (7,4 por ciento).
El coordinador del equipo a cargo del informe, el Director de la Oficina para el Cono Sur de la OIT, Fabio Bertranou, también recalcó que “la región es sumamente heterogénea y el ámbito de la protección social es muy diverso y complejo”, con la convivencia de un amplio espectro de instituciones que gestionan esquemas de seguro social y programas no contributivos y asistenciales.
“Los debates de política pública y las decisiones resultantes sobre la estructura de la protección social, desde la cobertura al acceso a las prestaciones, la administración, el financiamiento y la gobernanza, son clave en este momento”, dijo Bertranou. En particular destacó que “el financiamiento es probablemente una de las dimensiones más controvertidas, pues se trata de uno de los destinos más importantes del gasto público en muchos países”.
El informe de la OIT destaca en forma especial los desafíos a la protección social derivados de las transformaciones vinculadas al futuro del trabajo. “Los cambios que se avizoran en la organización de la producción y el trabajo, en materia demográfica y ambiental y climática para las próximas décadas, son un llamado urgente a reflexionar sobre el futuro de la protección social y las políticas que explicarán su desempeño”, dice el documento.
También destaca la necesidad de mejorar la coordinación y complementariedad entre los programas contributivos y los no contributivos, que en conjunto se presentan como la alternativa para mejorar la cobertura de prestaciones.
Desde su fundación hace casi 100 años en 1919, la OIT ha considerado la protección social como un componente fundamental de las instituciones laborales de los países y de los modelos de desarrollo social.
Desde 1952, el Convenio 102 (norma mínima) en seguridad social ha impulsado un enfoque integral que considere todas sus dimensiones, es decir, el acceso a la asistencia médica y garantía de ingresos, en especial en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes en el trabajo o enfermedades profesionales, maternidad, o pérdida del principal generador de ingresos de una familia. Más contemporáneamente se ha agregado la necesidad de introducir y ampliar los sistemas de cuidado de personas dependientes.
El informe “Presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe” concluye proponiendo diez líneas de acción que se consideran útiles para orientar los debates y la acción de los gobiernos y los actores sociales en las reformas de los sistemas de protección social de la región.
Fuente: OIT Noticias – 25/07/2018.
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_634997/lang--es/index.htm