Los países que han ratificado la Convención han ampliado y fortalecido el marco jurídico de protección de sus derechos, al que debe respetarse su autonomía y poder de decisión
Elda Montiel
Fomentar la participación de las organizaciones sociales a nivel nacional para que, junto con la academia, se logre finalmente que México se adhiera a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, fue el compromiso de la Red de Adultos Mayores (REDAM), del que forma parte el Centro de Investigación y Estudios en Gerontología de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
En el "Informe de las Actividades Internacionales a favor de las Personas Mayores" en la Escuela Nacional de Trabajo Social, la directora Leticia Cano, tras señalar que desde la academia se hace activismo a favor de las personas mayores, llamó a trabajar de cerca con las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil porque nuestra sociedad mexicana está llena de miedos, fragmentada por las desapariciones y feminicidios.
"Nuestras hijas e hijos están en riesgo si no sumamos esfuerzos", dijo.
Destacó que en este nuevo gobierno de transformación es la oportunidad para que se mire el Trabajo Social como parte de ese proyecto y se nos tome en cuenta.
Entre las líneas de acción para el 2019, la académica Graciela Casas señaló que está el seguir participando en las reuniones a nivel nacional e internacional como el seguimiento de los acuerdos resultado de la audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
Hizo énfasis en el fortalecimiento de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, ya que en países como en España o Canadá han sido determinantes para impulsar las políticas públicas.
Detalló que durante una de las reuniones internacionales en las que participo el REDAM y el Comité Intersectorial como parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) no coincidieron con lo expuesto por los funcionarios del gobierno mexicano representados en esa ocasión por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación, pues mientras estos aseguraban que en México estaban garantizados los derechos de las personas mayores, la REDAM documentó cómo las personas mayores con enfermedades graves o terminales están en el abandono y tienen que permanecer en los hospitales hasta dos años, porque México carece de centros de cuidado de largo plazo.
Otro aspecto que resaltaron en dicha ocasión fue que las personas mayores privadas de su libertad en los centros de reclusión carecen de espacios para su estancia.
Al respecto, indicó que no se trata de estar enfrentada sociedad civil con el gobierno, sino de complementarse, de hacerse aliados en beneficio de la población adulta mayor.
Personas mayores quieren políticas inclusivas, no asistencialistas
Por su parte, Carmen Rangel, antropóloga social, señaló que en México no existe un sistema de cuidados para personas mayores y la población en general que lo requiera, además de que más del 70 por ciento de la población mayor analfabeta son mujeres.
No queremos, dijo, una política nacional de envejecimiento asistencialista, sino una que reconozca a las personas mayores como curso de vida, sujetos de derecho e inclusiva que nos permitan participar.
Los empleos para las personas mayores como empacadores en las tiendas comerciales, telefonistas en call center, o baristas en cafeterías, no pueden considerarse como empleos dignos.
Una inversión la ratificación de la Convención: Huenchuan
Sandra Huenchuan, comisionada de la Unidad de Desarrollo social de la CEPAL, habló de la participación social en la promoción de los derechos humanos de las personas mayores, ya que el rol de la familia dejó de ser protector por lo que se tienen que generar mecanismos de inclusión para las personas mayores.
Respecto al caso de México, y el hecho de que no se ha ratificado la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Asamblea General de la organización de Estados Americanos el 15 de junio y que entró en vigor el 11 de enero del 2017, resaltó que no tiene que verse como un gasto, sino como una inversión, ya que el único obstáculo para que se ratifique son los recursos públicos.
Está comprobado por los países que han ratificado la Convención que se amplía y fortalece el marco jurídico de protección de los derechos de ese grupo poblacional, al que debe respetarse su autonomía y poder de decisión.
En la presentación del Informe estuvieron el senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director del Instituto Nacional de Geriatría; y Angelita Fuentes Vera, presidenta del Comité de Derechos Humanos Ajusco A.C.
Fuente: AmecoPress/SEMlac – 11/02/2019.
http://www.amecopress.net/spip.php?article18921