La Defensoría del Pueblo, a través de una verificación, identificó la vulneración de derechos de más de 1.600 personas adultas mayores que se encuentran en 28 centros de acogida, quienes enfrentan limitaciones para acceder a alimentos, medicamentos, atención interdisciplinaria y otras necesidades básicas, debido a que, por la cuarentena dispuesta por el Gobierno, se les dificulta el cobro de la Renta Dignidad, jubilación y el bono Canasta Familiar.
Esta situación, indicó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, deriva en la vulneración de los derechos a la salud, a la vida y a la alimentación, debido a que estas personas se encuentran con un cuadro de ansiedad y preocupación ante la incertidumbre de no saber hasta cuándo puedan hacer los cobros respectivos; no tienen una alimentación adecuada porque ésta es reducida y dependería de donativos. De igual manera, apuntó, el acceso a medicamentos y a la atención integral e interdisciplinaria en centros privados y mixtos, está condicionada al cobro de esos beneficios económicos.
La verificación defensorial abarcó a 28 centros de acogida públicos, privados y de administración mixta, ubicados en 16 municipios de los nueve departamentos. Los resultados de este trabajo están plasmados en el Informe Defensorial: Vulneración de Derechos en Centros de Acogida de Larga Estadía para Personas Adultas Mayores durante la Cuarentena declarada por el COVID-19.
De acuerdo a la verificación, se identificó que en 20 de los 28 centros de acogida, las personas adultas mayores no cobraron la Renta Dignidad, jubilación y el bono Canasta Familiar; y que sólo en 14 se otorga atención integral e interdisciplinaria; asimismo, se evidenció la falta de apoyo con medicamentos básicos; equipos de bioseguridad, guantes, barbijos, botas; material de limpieza (lavandina, desinfectante de pisos, detergente, bolsas nylon); sillas de ruedas; pañales para las personas adultas mayores; acciones en cuanto a los servicios básicos de luz, agua y gas (condonación del pago del servicio); servicios de personal multidisciplinario.
En cuanto a la dotación de insumos de bioseguridad para la prevención del COVID-10, se identificó que en 10 centros dotan de barbijos a las personas adultas mayores y en dos, cuando se identifica síntomas de resfrió; en 11 no cuentan con un área específica de aislamiento adaptada para pacientes sospechosos y positivos del coronavirus, a diferencia de los otros 16 que sí cuentan con un espacio para ello.
Asimismo, se observó que el 82,1% de centros verificados no recibió ningún tipo de material de bioseguridad o de desinfección por parte de los gobiernos departamentales o municipales; en 8 centros el personal interdisciplinario (administradores, enfermeras, auxiliares, cuidadoras, médico, psicólogo, nutricionista, personal de cocina y de limpieza), no recibió ningún tipo de capacitación en cuanto a medidas de bioseguridad, el restante fue capacitado por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y Servicio Departamental de Gestión Social, SEDEGES o por un establecimiento de salud cercano; en 8 centros no cuentan con vehículos de apoyo para traslado de los residentes, del personal o la compra de alimentos o medicamentos.
Los centros de acogida que tendrían ciertas condiciones son aquellos que recibieron donativos de insumos alimenticios, médicos y de bioseguridad, siendo la mayoría de administración pública, donde la atención interdisciplinaria no ha sido suspendida gracias a que los SEDEGES cuentan con movilidades que permiten trasladar al personal.
La Defensoría del Pueblo emitió una resolución defensorial en la que se incluyen recomendaciones a los Ministerios de Justicia y Transparencia Institucional, Salud y Economía y Finanzas Públicas, así como a los gobiernos departamentales y municipales y a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que asuman acciones que reviertan esta situación.
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Fuente: Defensoría del Pueblo - 21/05/2020
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