Mujereshoy.com
08.11.2004
Al igual que en otros países, en República Dominicana muchas personas de más de 65 ó 70 años edad no tienen seguros médicos ni pensiones. La mayoría de ellas se dedican a cuidar los nietos o bisnietos, como una forma de retribuir a sus parientes el hecho de que les den comida y vivienda, aunque en ésta “llueva adentro y escampe afuera”.
Pese a que se desenvuelve en un ambiente donde se siente respetada, importante y socialmente útil, Juana Antonio, 84 años, ha sentido el peso del rechazo.
“Yo lo siento en carne propia cuando se dice, por ejemplo, que los mayores estamos ‘pasao’. Incluso, hay gente que es capaz de decírselo a uno en la cara: ‘vieja, no hable que usted está pasada’”.
En la parroquia Santa Cruz de Villa Mella, Juana es líder. Forma parte de varios grupos religiosos que trabajan a favor de enfermos y de personas mayores. Casi a diario tiene una reunión con sus compañeros de grupo, lo que la mantiene activa.
Su experiencia de vida y su participación en algunas reuniones de juntas de vecinos le han permitido llegar a una conclusión: “En mi grupo de iglesia es la única parte donde yo tengo voz y voto porque en los demás sitios, donde hay gente de todas las edades, ya no puedo hablar, porque comienzan los comentarios de que si estoy pasada”.
La geriatra Rosy Pereyra, coordinadora del Instituto del Abuelo y de una red de once instituciones que trabaja a favor de la dignidad de las personas de edad, ofrece una explicación: “Es la sociedad misma la que hace que ellos (los mayores) se sientan menos.
Nosotros tenemos que trabajar para erradicar la percepción errada que tiene el país sobre nuestros envejecientes”.
Pereyra, que ha estudiado la situación de los ancianos en el país y ha observado cómo esta población aumenta sin que todavía se resuelvan sus necesidades básicas, lamenta que mientras “el mundo se está preparando para lo que viene, aquí estamos retrocediendo, poniéndonos un velo para no ver lo que se nos avecina”.
Y es que, en sus estudios, la consultora de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, ha constatado que la situación de discriminación y marginación de los “adultos mayores” no ha cambiado.
“Ante la pregunta sobre lo que les preocupa y quieren que el Estado les garantice, los mayores siguen respondiendo dos cosas muy básicas: comida y salud.
En tercer lugar, hablan de vivienda. No buscan lo imposible. Son sus derechos como humanos: a la vida, a la salud”.
De hecho, entrevistados por separado, los abuelos de la calle Respaldo 18 de Gualey fueron muy claros a la hora de explicar lo que no tienen y añoran tener.
“Mi comida, mi salud y dónde vivir”, expresa José López, 85 años. Al igual que él, los demás entrevistados emigraron de alguna provincia hacia Santo Domingo, generalmente en busca de oportunidades.
En su juventud –algunas hasta los 60 años– las mujeres casi siempre trabajaron como domésticas “en casas de familia” y los hombres tuvieron empleos informales.
No tienen ni seguros médicos, ni pensiones. Muchos se dedican a cuidar los nietos o bisnietos, como forma de retribuirles a sus parientes que les den comida y vivienda, aunque en ésta “llueva adentro y escampe afuera”, como dice María Toribio.
La situación por la que atraviesan los “adultos mayores” del país ha sido ampliamente criticada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) organismo que junto a la red de instituciones que trabaja por los mayores presentó el mes pasado el proyecto de reglamento que regirá la aplicación de la Ley 352-98, de Protección de la Persona Envejeciente”.
“La sociedad dominicana no puede seguir impasible frente al triste espectáculo de un ejército de adultos mayores deambulando por las avenidas de la necesidad, sin perspectiva de mejoría, sin calidad de vida, sin dignidad, sin respeto”, expresó Gilka Meléndez, representante del FNUAP en el país, durante la presentación del reglamento que, finalmente, fue aprobado por el Poder Ejecutivo el 27 de octubre pasado, a través del decreto 1372-04.
Meléndez ha criticado que la única acción oficial proteccionista sea el sistema de pensiones derivado de una ley de 1955, “que no satisface ni siquiera en lo mínimo las necesidades básicas del adulto mayor”.
De hecho, Rosy Pereyra señala que las entidades luchan porque en el país sean aplicadas las leyes General de Salud, de Seguridad Social, y la de Protección al Envejeciente.
Indica que hace falta que desde la escuela se eduque a las personas para que entiendan que la vida es un proceso y que, por tanto, no hay que separar a los que se encuentran en la etapa de la vejez.
Una población en aumento
En su estudio sobre la “situación del adulto mayor” en el país, Rosy Pereyra indica que, según las proyecciones de Naciones Unidas, la esperanza de vida para República Dominicana pasó de 62.5 años entre 1980 y 1985, a 68.1 para 1995-2000. A partir de este último año y hasta 2025, la esperanza de vida proyectada es de 72.4 años.
De hecho, los dos últimos censos nacionales, muestran cómo la población mayor de 60 años pasó de 6.8 por ciento en 1993, cuando el país tenía 7.1 millones de habitantes, a 8 por ciento en 2002, cuando el censo nacional registró 8.6 millones de personas. Esto significa que en el país hay 687 mil 173 personas mayores de 60 años. De éstos, 200 mil viven en la capital.
Pereyra critica que, pese a esta cantidad de “adultos mayores”, no exista un sistema que les garantice al menos una pensión.
“Quizás no lleguen a 50 mil los que reciban una ayuda de este tipo”, estima la geriatra, ex directora de Protección al Envejeciente, de Salud Pública.
Fuente: El Caribe, República Dominicana.