En conmemoración del "Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) destacan la urgente necesidad de que los Estados atiendan y den prioridad a las personas mayores en los planes de inmunización que se implementan, atendiendo las necesidades específicas de esta población.
A fin de cumplir la obligación de garantizar el acceso universal a las vacunas a todas las personas bajo su jurisdicción, sin ningún tipo de discriminación y en condiciones de igualdad, los Estados deben asegurar que no existan limitaciones que puedan afectar de manera particular a los grupos de población que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o discriminación histórica, como son las personas mayores. Lo anterior, conforme a su Resolución 1/21 "Las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos" y a su Comunicado de Prensa de 5 de febrero de 2021.
Según la Organización Panamericana de la Salud, las personas mayores se encuentran en un mayor riesgo frente al virus porque tienen un sistema inmune más débil y en algunos casos presentan más de una enfermedad crónica. La inmunización de las personas mayores contra el COVID-19 permitirá disminuir los riesgos de contagio, así como contrarrestar los impactos negativos en la salud mental de las personas mayores como consecuencia de las medidas de contención impuestas en algunos países. Al respecto, la CIDH advierte que la pandemia ha evidenciado las graves consecuencias del edadismo sobre la salud, el bienestar y el goce de los derechos humanos de las personas mayores.
Es por ello que en conmemoración del "Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez", la CIDH y su REDESCA hacen un llamado a los Estados a brindar a las personas mayores, bajo un enfoque interseccional y de género, acceso prioritario a la vacuna contra el COVID-19, información adecuada sobre los centros de inmunización, los tipos de vacunas, el acceso a las mismas y los posibles efectos secundarios. Asimismo, urgen a los Estados a garantizar el acceso a las pruebas de COVID-19, al tratamiento oportuno, a los medicamentos, asegurando el consentimiento previo, pleno, libre e informado, conforme con los estándares interamericanos en la materia.
Finalmente, la CIDH insta a los Estados miembros a ratificar e implementar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la Asamblea General de la OEA el 15 de junio de 2015, así como utilizarla de referencia y orientación para la elaboración de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
La REDESCA es una Oficina de la CIDH, especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Fuente: CIDH – 15/06/2021
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/149.asp