"América Latina y el Caribe fue la primera región del mundo en realizar una reunión de examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. A través de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, órgano intergubernamental de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), establecido en 2002 en virtud de la resolución 590(XXIX) de la Comisión y principal órgano regional sobre asuntos vinculados al envejecimiento poblacional y los derechos de las personas mayores en la región, que se reúne cada cinco años, se evalúan los avances, se identifican los desafíos, se formulan recomendaciones y se establecen prioridades en materia de envejecimiento. El seguimiento de la Conferencia se realiza por medio de reuniones de expertos convocadas por uno o más países de la región con el apoyo técnico de la CEPAL.
La Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe fue organizada por la CEPAL, junto con el Gobierno de Chile, en modalidad híbrida (presencial y virtual) y tuvo lugar en la sede de la CEPAL en Santiago, del 13 al 15 de diciembre de 2022. El encuentro tuvo como principal objetivo examinar los avances en materia de políticas públicas dirigidas a las personas mayores y determinar las acciones clave necesarias para ampliar la protección de los derechos de las personas mayores en los próximos cinco años en el marco del examen de la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento en América Latina y el Caribe a 20 años de su aprobación.
La reunión contó con la participación de 29 países miembros de la CEPAL —entre ellos, 9 del Caribe y 3 miembros asociados—, más de 120 representantes de organizaciones de la sociedad civil y 9 organismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas. El formato híbrido permitió que en la inauguración del 13 de diciembre participaran más de 2.600 personas, 320 de ellas de manera presencial. A través de las redes sociales (YouTube, Twitter y Facebook) y Zoom hubo casi 2.300 visualizaciones.
La Mesa Directiva de la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe quedó integrada por Chile en la Presidencia y por Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guyana, Panamá, el Paraguay y el Perú en las Vicepresidencias. Estos países tienen la misión de coordinar el seguimiento de los acuerdos aprobados durante la Conferencia en los próximos cinco años.
La Conferencia fue inaugurada por José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL; Giorgio Jackson, Ministro de Desarrollo Social y Familia de Chile; Julio César Borba, Ministro de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay; Jozef Maeriën, Oficial a Cargo para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y María José Torres Macho, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Chile.
A. El envejecimiento, la transformación más importante de esta época, supone nuevas oportunidades y retos para las sociedades y plantea múltiples desafíos en términos de políticas públicas
El Secretario Ejecutivo de la CEPAL destacó que América Latina y el Caribe contaba con un potente conjunto de instrumentos que eran una muestra del compromiso con la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y que se complementaban con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Decenio de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable (2021-2030). Recordó que el envejecimiento poblacional era uno de los principales fenómenos demográficos en América Latina y el Caribe y el mundo. En 2022, la región contaba con 662 millones de habitantes, el 13,4% (88,6 millones) de los cuales eran personas mayores de 60 años. En 2030, esa proporción aumentaría al 16,5% de la población total y, en 2050, las personas mayores representarían 9 puntos porcentuales más, hasta llegar a un cuarto (25,1%) de la población total. Afirmó que el incremento de la proporción de personas mayores, así como la prolongación del curso de vida, suponían nuevas oportunidades y retos para las sociedades y múltiples desafíos en términos de políticas públicas, por lo que debía universalizarse el acceso de las personas mayores a la protección social y los servicios de salud de calidad. Por otra parte, urgía también poner especial atención al tema de los cuidados.
El Ministro de Desarrollo Social y Familia de Chile, país que desde 2022 ejercía la Presidencia de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores, reconoció la importancia de la reunión, principalmente como ejemplo de cooperación Sur-Sur, e instó a los países a cumplir los compromisos que habían adquirido a nivel internacional. Asimismo, subrayó que los Estados debían implementar políticas públicas más exigentes, más idóneas y que efectivamente mejoraran la vida de las personas mayores.
El Ministro de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, en tanto, subrayó que el vínculo entre los derechos humanos y las personas mayores adquiría cada vez mayor relevancia, ya que el envejecimiento poblacional era la transformación social más importante que estaba teniendo lugar en esa época, tanto en el mundo como en América Latina y el Caribe.
Por su parte, el Oficial a Cargo para América Latina y el Caribe del UNFPA insistió en que la región estaba atravesando un rápido proceso de cambio demográfico, con un envejecimiento acelerado, e instó a la sociedad y los Gobiernos a prepararse para enfrentar los desafíos de ese escenario marcado por profundas desigualdades y limitados recursos fiscales.
Por último, la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Chile afirmó que las personas mayores enfrentaban desafíos que eran multidisciplinarios y abarcaban no solo el tema de la pobreza y el acceso a la salud, sino también todo lo relacionado con el ejercicio de sus derechos políticos, sociales y ambientales.
B. El documento de posición Envejecimiento en América Latina y el Caribe: inclusión y derechos de las personas mayores y el cuarto examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento
El Director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL presentó el documento de posición de la Conferencia, titulado Envejecimiento en América Latina y el Caribe: inclusión y derechos de las personas mayores, que sirvió de base para los debates que tuvieron lugar durante la reunión. En el documento se presentaba los principales avances y desafíos relacionados con la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y se analizaba la experiencia regional a 20 años de su aprobación, haciendo hincapié en los temas emergentes y los nuevos desafíos en América Latina y el Caribe.
En su presentación, el Director del CELADE-División de Población de la CEPAL ofreció un panorama actual del envejecimiento y de las tendencias demográficas en la región, e indicó que América Latina y el Caribe estaba experimentando un rápido proceso de envejecimiento poblacional, por lo que en 2050 la cantidad de personas mayores sería 2,1 veces superior a la de 2022. Agregó que, si bien en los dos últimos años se apreciaba un marcado retroceso en la esperanza de vida a causa de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), se esperaba poder retomar la senda de aumento de la esperanza de vida al nacer y en todas las edades. También se refirió a los cambios en la estructura demográfica de la población de América Latina y el Caribe, que habían redundado en una rápida transición demográfica y en que el envejecimiento de la población se tradujera en el pasaje de sociedades jóvenes a sociedades adultas y, posteriormente, a sociedades envejecidas, lo que tenía importantes consecuencias desde el punto de vista económico, social y epidemiológico.
Asimismo, examinó las interrelaciones existentes entre las personas mayores y el desarrollo, prestando particular atención a temas como los avances y las dificultades por superar en materia de protección social, participación en el mercado de trabajo, acceso a la educación a lo largo de la vida, reducción de la brecha digital y fomento de la salud y el bienestar en la vejez. Hizo hincapié también en los avances logrados en lo referido a la construcción de entornos propicios y favorables para las personas mayores, la promoción de un cambio cultural, los adelantos en materia de prevención de la discriminación y la violencia contra las personas mayores, y las buenas prácticas en el contexto de la pandemia de COVID-19. Por último, abordó el tema del cuidado, entendido como un proceso dinámico y heterogéneo que se experimentaba a lo largo de la vida y que permitía a las personas vivir con bienestar y hacer uso de sus capacidades y habilidades. El objetivo era promover sistemas integrales de cuidado, indispensables para transitar hacia una sociedad del cuidado, que asegurasen la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad y entre mujeres y hombres.
C. Avances regionales y nacionales en el último quinquenio vinculados a los tres grandes temas del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento
Los representantes de los Gobiernos tuvieron la oportunidad de referirse a las actividades más importantes realizadas en los países con el fin de ampliar la protección de los derechos de las personas mayores, así como a los adelantos logrados en materia de políticas en favor de las personas mayores en el marco de la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. La presentación de estos avances permitió mostrar experiencias que contribuían a resolver problemas similares, buenas prácticas y soluciones replicables.
Se realizaron tres paneles temáticos relacionados con las tres orientaciones prioritarias del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento: i) las personas de edad y el desarrollo, ii) el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y iii) la creación de entornos propicios y favorables. Los paneles contaron con la participación de expositores del Gobierno, la sociedad civil, organismos internacionales y el sector académico.
Con respecto al tema de las personas de edad y el desarrollo, tanto en los informes nacionales como en las intervenciones de los representantes de los Gobiernos y en los comentarios del primer panel se advirtió la consolidación y el fortalecimiento de diversos programas y acciones públicas que tenían por objeto brindar protección social a las personas mayores. La mayoría de esos programas y acciones se centraban en transferencias monetarias periódicas, y algunos también incluían prestaciones sanitarias y sociales. Los sistemas de protección social de la región, sin embargo, habían mostrado debilidades derivadas de las altas tasas de informalidad laboral, que tenían una incidencia directa en el alcance de la protección social contributiva y hacían que fuera más necesario establecer medidas de protección social no contributiva. Aun cuando la protección social no contributiva otorgaba importantes beneficios a las personas mayores, al evitar, en muchos casos, la profundización de la pobreza, esos recursos continuaban siendo insuficientes. Muchas veces, las personas mayores se veían obligadas a reinsertarse en la vida laboral o mantenerse vinculadas al mercado de trabajo, sobre todo en los países que tenían menores tasas de cobertura previsional y niveles de pensiones.
Como derecho humano, la educación a lo largo de la vida también debía coadyuvar a brindar sentido a la dignidad de las personas, aportar capacidades para participar efectivamente en sociedades libres y favorecer la comprensión de la diversidad y de las condiciones de vulnerabilidad que experimentaban las personas. Con respecto a los avances en el acceso a la educación a lo largo de la vida, los países informaron de la puesta en marcha de programas y acciones con miras a ampliar el acceso y las oportunidades educativas de las personas mayores. Se destacó la consideración de estrategias de educación tanto formal como no formal, con oportunidades de alfabetización, obtención de certificaciones de educación primaria y secundaria, formación y capacitación para el trabajo, así como formación, actualización y capacitación en diferentes materias.
Las personas mayores tenían más dificultades para lograr la inclusión digital. Además de las desigualdades que habían acumulado a lo largo de la vida, se enfrentaban constantemente a discursos negativos y excluyentes en relación con la tecnología. Esto se reflejaba en las estadísticas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) disponibles para América Latina y el Caribe, que indicaban que el grupo etario de personas mayores era el más aislado con respecto a las tecnologías digitales, lo que confirmaba la existencia de una profunda brecha digital. Por lo tanto, se debía reconocer que el acceso a las tecnologías y su uso por parte de las personas mayores dependían de innumerables circunstancias y entrañaban dificultades muy diversas, y que las desigualdades sociales traían como consecuencia desigualdades en ese ámbito. También cabía señalar que cuanto mayor fuera la brecha digital, mayor sería el riesgo de profundizar las desigualdades sociales y crear un círculo vicioso que se debía romper.
En el segundo panel se abordó el tema del fomento de la salud y el bienestar en la vejez. Pese a la presión ejercida sobre los sistemas de salud debido a la pandemia de COVID-19, en el quinquenio 2017-2022, los países de la región habían registrado avances orientados a garantizar el acceso universal y equitativo de las personas mayores a los servicios públicos de salud. Ello se había basado en acciones de fortalecimiento institucional de los sistemas de salud; la creación, consolidación e integración de estrategias, políticas y programas nacionales de salud para asegurar el acceso efectivo a los servicios sanitarios; la ampliación de la infraestructura, y, en algunos casos, el establecimiento de legislación en materia de salud para garantizar el cumplimiento de las metas. Un avance muy relevante que todos los países señalaban en sus informes se refería a los programas enfocados en la promoción del envejecimiento saludable, que, con diferentes orientaciones y alcances, ofrecían servicios y promovían instancias de capacitación y orientación, así como actividades y acciones encaminadas a mejorar la accesibilidad a los servicios de salud y a fomentar estilos de vida saludable.
También se resaltaron los esfuerzos orientados a fortalecer la institucionalidad en materia de salud y envejecimiento, cuya finalidad era incorporar gradualmente servicios, infraestructura y modelos de atención que contribuyeran a reducir la discapacidad, así como a mejorar la esperanza de vida y el estado de salud, y, con ello, la calidad de vida de las personas a medida que envejecían. En la región, un número importante de países informaron que contaban con una política, estrategia o plan destinado al envejecimiento y la salud de las personas mayores. Sin embargo, la mayoría de las políticas, planes y programas de salud dirigidos al envejecimiento aún carecían de perspectivas incluyentes, centradas en las personas, que reconocieran la diversidad de vejeces. Pocas políticas públicas consideraban la perspectiva de género, la edad y la interculturalidad, lo que se veía reflejado en las escasas acciones específicas para las personas mayores indígenas y afrodescendientes, las mujeres y las personas con identidades sexogenéricas no binarias.
Por último, en el tercer panel se abordaron los avances en la creación de entornos propicios y favorables para las personas mayores. Las autoridades de los países de la región reconocían que la vivienda era un espacio de vital importancia en el que se desarrollaban diversos procesos de producción, reproducción y sostenibilidad de la vida. Por ese motivo, se buscaba establecer políticas y programas para que las personas —sobre todo las personas mayores— accedieran a una vivienda adecuada, en la que pudieran permanecer, atendiendo sus necesidades, con la menor cantidad de riesgos y con comodidad para mantener su independencia y autonomía. Los informes nacionales revelaban que las medidas adoptadas en los países para garantizar el acceso de las personas mayores y las personas con discapacidad al transporte público se centraban en su asequibilidad. Sin embargo, era necesario avanzar en el diseño de nueva infraestructura y en la regulación y supervisión directa de quienes prestaban los servicios, al tiempo que era imprescindible tomar en cuenta las necesidades de los distintos grupos de población usuaria.
Durante la pandemia, o en situaciones de crisis relacionadas con desastres socionaturales, las personas mayores habían experimentado dificultades para pagar los servicios de agua potable y electricidad. En muchos casos también les había resultado imposible cubrir el costo del acceso a tecnologías como el teléfono o Internet. Esta situación aumentaba el riesgo de contagiarse de COVID-19, contraer otras enfermedades, disminuir su conexión social e incluso encontrarse en situaciones de aislamiento. Los informes nacionales mostraban la relevancia de la inclusión tecnológica en tiempos de pandemia y el gran reto que suponía para la región reducir la brecha digital y prepararse para poder enfrentar nuevas crisis. Durante la pandemia, los países habían tomado medidas extraordinarias para evitar que las personas que ya contaban con acceso a Internet perdieran esa posibilidad por falta de recursos. Las medidas se habían centrado en el congelamiento de tarifas, la disposición de facilidades de pago y la prohibición de la suspensión de servicios.
Tanto en los informes nacionales como en este último panel temático, se trató el tema de los desastres socioambientales, entendiéndose por estos el aumento de las temperaturas, la elevación del nivel del mar y la erosión costera, los incendios forestales y las altas temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, los friajes, las inundaciones, las sequías y los huracanes, que presentaban riesgos significativos y a menudo devastadores para los derechos humanos de todos los afectados. Los efectos de estos desastres sobre las personas mayores eran desproporcionados y estas con frecuencia necesitaban más tiempo para recuperarse de sus consecuencias físicas. Además, tenían más probabilidades de morir como consecuencia de la exposición al calor o durante las olas de calor, en situaciones de frío intenso o a causa de tormentas de invierno, huracanes y otros peligros. Si bien los países informaron de que habían realizado acciones de diversa índole para disminuir el riesgo en las personas mayores, aún quedaba mucho por hacer en ese tema y los Estados eran conscientes de que se trataba de un desafío pendiente.
Por otra parte, también se habló del acceso a la justicia y las barreras que enfrentaban las personas mayores en ese ámbito. En muchos países de la región, una de esas barreras era la falta de reconocimiento de su capacidad jurídica, es decir, de su facultad de ser titulares de derechos y obligaciones. El edadismo hacía que se pusiera en duda la capacidad de las personas mayores de tomar decisiones libremente, que se las limitara cuando expresaban el deseo de realizar actos jurídicos, que fueran víctimas de imposiciones y que se les negara el derecho a realizar o no actos jurídicos de acuerdo con su voluntad. En los informes nacionales se señalaban algunas acciones para la eliminación de todas las formas de discriminación y maltrato hacia las personas mayores a partir de cinco aspectos: i) información estadística acerca de la discriminación y el maltrato de las personas mayores, ii) programas de asistencia jurídica para denunciar y castigar el maltrato de las personas mayores, iii) informes estadísticos sobre los feminicidios de personas de 60 años o más, iv) campañas para concientizar a la población sobre la discriminación de las personas mayores y v) institucionalidad en materia de defensa de los derechos de las personas mayores. Asimismo, en muchos países se habían creado instituciones, o fortalecido las que ya existían, con la finalidad de brindar protección y asistencia jurídica específica a las personas mayores. En los informes nacionales se relataban experiencias interesantes en esa materia.
De acuerdo con los datos incluidos en los informes nacionales, los Gobiernos de la región habían avanzado en la promulgación de leyes y decretos que daban sustento jurídico a la creación de sistemas integrales de cuidados, legislaban en torno a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, garantizaban o ampliaban los derechos de las personas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados, buscaban explícitamente una modificación en la organización social de los cuidados, regulaban el fortalecimiento de fuentes de información estadística sobre cuidados, así como sobre el uso del tiempo, y reconocían y protegían a las personas trabajadoras domésticas y de cuidados.
El desarrollo de sistemas y políticas de cuidado a largo plazo en la región aún era limitado en la mayoría de los países. Eso se debía fundamentalmente a: i) la variabilidad de las aproximaciones al concepto de dependencia; ii) la falta de recursos económicos para brindar asistencia sanitaria a quienes necesitaban cuidado a largo plazo; iii) la carencia de datos confiables y actualizados sobre la población con necesidades de cuidado a largo plazo, sobre la infraestructura existente y necesaria, sobre el personal calificado para hacer frente a este reto y sobre las personas cuidadoras familiares o no profesionales; iv) la construcción social del cuidado a largo plazo, que en muchos países continuaba abordándose desde una perspectiva “familista”, y v) la carencia de una perspectiva de derecho al cuidado. Los informes nacionales permitían conocer los avances legislativos, pero también en la creación de infraestructura, al tiempo que contribuían a detectar los desafíos pendientes en materia de cuidados a largo plazo.
Los informes nacionales reflejaban la existencia de importantes áreas de oportunidad en relación con los cuidados a largo plazo, sobre todo en lo relativo a la consolidación de registros nacionales de instituciones de cuidado a largo plazo, ya fueran públicas, privadas o administradas por organizaciones de la sociedad civil.
D. Participación de las organizaciones de la sociedad civil de personas mayores
Las organizaciones de la sociedad civil tuvieron un amplio protagonismo y una activa participación en la Conferencia, tanto en los paneles temáticos como en los espacios de debate de las sesiones, una de las cuales estuvo especialmente dedicada a la lectura de su declaración.
En general, los representantes de la sociedad civil valoraron el espacio que la Conferencia había abierto para que las organizaciones de personas mayores dieran a conocer sus reivindicaciones y los principales aportes que hacían cotidianamente en favor de ese colectivo. Señalaron que dicho espacio constituía una necesidad para establecer relaciones constructivas entre la sociedad civil y los Gobiernos, y que su flexibilidad permitía dar a conocer distintas voces y opiniones.
Reconocieron que, en las dos últimas décadas, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento se había transformado en un instrumento sustantivo para alcanzar un cambio de paradigma en la comprensión de las personas mayores, y que había sido clave para posicionar el paradigma de los derechos humanos en la región y mejorar los espacios de participación regional. Mencionaron que la sociedad civil había sabido aprovechar esa agenda con un papel protagonista, pero que también las personas mayores organizadas en la región habían ampliado las posibilidades del Plan de Acción de Madrid. Sin embargo, a 20 años de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y pese a lo promisorias que resultaban sus metas, veían con preocupación que el proceso de transformación social y reconocimiento pleno de sus derechos se había estancado. Se necesitaban acciones contundentes que reconocieran los derechos humanos de las personas mayores.
La realidad regional ponía de manifiesto la falta de políticas públicas fundamentales, transversales e integradoras, y la participación de las personas mayores aún era insuficiente y carecía de un enfoque de derechos. Por tanto, hicieron un llamado a fomentar la participación activa, productiva y plena, que permitiera crear y fortalecer nuevos mecanismos efectivos para propiciar actividades intergeneracionales, con un ejercicio integral de los derechos en la gestión pública y el desarrollo comunitario. De esta manera, se podría lograr una participación vinculante, que garantizara el derecho a la salud, a pensiones dignas y a la no discriminación por razones de edad.
Exhortaron a los Estados a ejercer acciones en todos los niveles y los ámbitos de la política para que la dignidad y el principio transversal de no discriminación por razones de edad continuara siendo una norma jurídica que se imponía, exigiendo a las autoridades responsables la aplicación de medidas contra la discriminación de las personas mayores. De la misma forma, era necesario impedir que los derechos cívicos, económicos, culturales y sociales, en tanto derechos emergentes, sucumbieran ante el poder económico que se potenciaba como consecuencia del predominio del neoliberalismo en el entramado del poder económico y político.
Llamaron a reorganizarse, fortalecerse y formarse como organizaciones de la sociedad civil de personas mayores para hacerse escuchar y ser propositivos en la recomendación de nuevas acciones en favor de las personas mayores de la región. Además, rindieron homenaje a las personas mayores cuyas voces y vidas habían sido acalladas por la pandemia de COVID-19. Por último, hicieron un llamado a avanzar hacia una convención universal, ya que el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento había supuesto un aporte importante en un momento histórico concreto, pero en los nuevos contextos quedaba demostrado que su alcance no era suficiente. Existía una brecha entre el Plan de Acción de Madrid como acuerdo conceptual no vinculante y su impacto real en la protección de los derechos de las personas mayores.
E. Los países de la región reafirmaron su compromiso con la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos, así como con la dignidad y las libertades de las personas mayores
Antes de finalizar el evento, los países participantes de la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe aprobaron la Declaración de Santiago: “Derechos humanos y participación de las personas mayores: hacia una sociedad del cuidado inclusiva y resiliente”.
Los representantes de los países participantes en la Conferencia reafirmaron su compromiso con la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos, la dignidad y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, sin ningún tipo de discriminación y violencia, y ratificaron la responsabilidad de los Estados de proveer las medidas y acciones necesarias para garantizar un envejecimiento saludable, con dignidad y derechos.
En la Declaración de Santiago, aprobada por unanimidad, las autoridades renovaron su compromiso con el Plan Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, a 20 años de su aprobación, así como con los instrumentos regionales que reforzaban su implementación y vigencia.
Asimismo, destacaron el rol crucial de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe como el espacio intergubernamental para el proceso sistemático de examen y evaluación voluntaria regional del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.
Reconocieron también que el acceso a la justicia era un derecho humano esencial y el instrumento fundamental por medio del cual se garantizaba a las personas mayores el ejercicio y la defensa efectiva de sus derechos, al tiempo que resaltaron las diversas y fundamentales contribuciones que las personas mayores realizaban para el funcionamiento de las sociedades.
En ese sentido, la Declaración de Santiago exhortaba a los Gobiernos a adoptar medidas eficaces contra la discriminación por edad y a eliminar las dificultades y obstáculos que aún persistían en la región y que menoscaban la participación de las personas mayores en la vida política, social, económica y cultural, así como sus derechos humanos.
En el documento se instaba, además, a los Gobiernos a que incorporaran de manera transversal en sus políticas, planes y programas de desarrollo el tema del envejecimiento, que implementaran políticas específicas para las personas mayores con enfoque de derechos, de género, interseccional, intercultural, así como de curso de vida, y que promovieran su autonomía e independencia.
La Declaración de Santiago instaba también a los Estados a que reconocieran la brecha digital que afectaba a las personas mayores, y ratificaba el compromiso con el desarrollo de sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes, que viabilizaran el acceso garantizado, sin discriminación, a una salud de calidad, vivienda y servicios básicos.
Asimismo, reconocía el papel crucial de las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el sector académico en la implementación, el seguimiento, los procesos evaluativos y la difusión del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.”
FUENTE: Cepal.org - 10/01/2023