Este estudio fue realizado por FUNBAM (Fundación Cáritas para el Bienestar del Adulto Mayor, México DF) conjuntamente con la organización Trasfondo A.C., en un período comprendido de Abril de 2005 a Enero de 2006.
"Percepción de los adultos mayores en situación de pobreza respecto de su participación en programas de atención al envejecimiento, en el marco de una estrategia de educación no formal operada con esquemas de coordinación entre organismos públicos y privados"
Introducción
El crecimiento constante y sostenido de la población envejecida del país, ha traído consigo una serie de preocupaciones en torno a la real capacidad humana y material que se requiere para, desde la administración pública y de la propia sociedad, responder a las demandas presente y futura provenientes de las personas de edad. México, al igual que otras naciones de la región, es uno de los países que en los últimos veinte años registra una creciente demanda en materia de servicios asistenciales para la población anciana. El envejecimiento demográfico, se presenta como uno de los fenómenos con crecientes repercusiones en los planos: social, económico, político y cultural.
Los estudios realizados hasta la fecha, permiten concluir que, entre otras cosas, el segmento de la población representado por personas de la también llamada tercera edad experimenta una situación de gran vulnerabilidad social y económica que no les permite hacer frente a difíciles coyunturas económicas; en razón de ello, se ha planteado la necesidad de incorporar sus problemas a la reflexión política y optimizar los diversos programas y servicios –públicos y privados- dentro de una lógica de atención integral y universal que satisfaga las demandas crecientes de tan heterogéneo sector de la población.
En materia específica de política pública, los estudiosos del tema apuntan, en primer término que, no obstante la magnitud de los problemas sociales y económicos afrontados por quienes forman parte de la denominada tercera edad, desde el ámbito del sector público, aún no ha sido posible integrar una política de atención integral desde la cual se subsanen las precarias condiciones de salud, alimentación, ingreso, ocupación y educación en las que se debaten millones de adultos mayores. En segundo lugar, se percibe un actuar gubernamental con relación a la demanda social caracterizado por una baja correspondencia entre las necesidades humanitarias de la población y los servicios concretos proporcionados. Dichos servicios, presentan hoy en día una débil interrelación que en ocasiones propicia la duplicidad de algunos esfuerzos, el exceso de otros, hasta la ausencia de los que se requieren para garantizar la sobrevivencia de los ancianos y ancianas que menos tienen.
En tercer lugar, ha logrado identificarse subutilización de los servicios proporcionados, lo cual muy probablemente se debe a la falta de información o, en el extremo de los casos, porque las instituciones responsables carecen de una operacionalización más expedita; es probable que las dependencias en cuestión no cuenten con suficientes recursos, aspecto que no debe soslayarse especialmente si se toma en cuenta que en los últimos años las partidas públicas para atender demandas sociales han experimentado severas disminuciones. En el mismo sentido, ha logrado constatarse que es la población abierta (es decir, la compuesta por adultos mayores no derechohabientes de las instituciones de seguridad social) la que se encuentra más marginada de los servicios de atención básica, resultado de la falta de información, exceso de burocratismo y poca coordinación interinstitucional.
Como ya se mencionó, el envejecimiento es un fenómeno social que plantea varios desafíos a las actuales formas de organización social, económica, cultural y política de la sociedad, por lo que se requiere diseñar intervenciones para mejorar las actuales condiciones de vida de las personas mayores y propiciar intervenciones de orden estructural y estratégico que conduzcan a un cambio a nivel social.
En general, se admite que enfrentar los retos que plantea el envejecimiento de la sociedad es un asunto que le corresponde al Estado y en particular a las instituciones creadas al respecto, aunque también se ha expresado la importancia de que se involucre a la sociedad – las redes familiares y comunitarias – así como a las propias personas mayores. Un término que se ha incorporado en la actual administración es el de "corresponsabilidad", no obstante que en la práctica la participación de los actores de la sociedad es aún incipiente.
En el documento "Análisis de las políticas relacionadas con adultos mayores en México", entregado como parte del reporte de avance de trabajo de esta investigación, se revisan y analizan las políticas, instituciones y programas estatales dirigidos a atender a los adultos mayores en el país. El interés para el proyecto es que, se reconoce que el cambio demográfico conduce a un acelerado envejecimiento de la población, y que esto implica la necesidad de tomar medidas frente a los cambios que podemos esperar en todos los ámbitos de la vida personal y social en los próximos años, las respuestas desde el Estado contemplan la integración de acciones coordinadas con organismos de la sociedad civil. En el documento mencionado se incluyen como ejemplo de participación:
En la Secretaría de Salud se establece la coordinación y articulación de acciones vinculadas al tema del envejecimiento a nivel organismos desconcentrados, gobiernos estatales, municipales, organismos privados y organizaciones civiles; aunque cabe destacar que no en todas ellas las personas mayores tienen algún nivel de participación en las instancias institucionales.
En el INAPAM, el Consejo Consultivo de los Adultos Mayores, - cuya principal función consiste en asesorar al Director General de dicho organismo en temas referidos a programas sobre la vejez-, está compuesto por personalidades destacadas de los adultos mayores, del sector académico, de la iniciativa privada y de algunas organizaciones civiles. No obstante que dicho consejo sólo ha sesionado dos veces desde su creación
En el DIF, sus documentos rectores incluyen la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y las personas mayores en la aplicación de los programas institucionales, sin establecer los mecanismos particulares de participación de las personas de edad.
En la capital del país, desde hace cinco años se instituyeron los Consejos Consultivos Delegacionales de Adultos Mayores, cuyo principal objetivo se dirige a garantizar un acercamiento claro y específico con los adultos mayores, incluyendo la consideración hacia sus necesidades y la integración de iniciativas sociales para el planeamiento de alternativas a la problemática actual de las y los adultos mayores.
Es hasta hace unos cuantos años que se ha planteado el mecanismo de la corresponsabilidad, pero como puede observarse en los ejemplos anteriores, tutorada desde el Estado. En un estricto sentido, puede sostenerse que predominan las políticas tradicionales en materia de política sobre la vejez, caracterizadas por la hegemonía del Estado en lo que corresponde al diseño, puesta en marcha y evaluación de dichas políticas.
No obstante, es importante destacar que, en los últimos diez años las familias y las organizaciones civiles han tenido un papel protagónico en la satisfacción de necesidades de la población mayor de 60 años en la mayoría de las entidades de la República, por lo que su incorporación explícita en las acciones dirigidas a este grupo social no haría más que reconocer su protagonismo, así como involucrarlas en una práctica moderna del quehacer público.
El presente trabajo se plantea investigar las implicaciones que para los adultos mayores en situación de pobreza tiene su participación en una estrategia de educación no formal (PENF), en el marco de esquemas de coordinación entre organismos públicos y privados, para identificar las diferentes maneras como se desarrollan los procesos de coordinación interinstitucional que posibilitan la revisión de temas de derechos humanos y construcción de ciudadanía para esta población.
El Programa de Educación No Formal con Adultos Mayores en Situación de Pobreza (PENF) forma parte de una estrategia de intervención con adultos mayores: el "Modelo de Promoción y Atención de Ancianos y Ancianas en Situación de Pobreza en México", que incluye distintas modalidades de atención con ancianos y ancianas de escasos recursos económicos. Este Modelo ha sido propuesto, diseñado e instrumentado por la Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor I.A.P.
El programa implica capacitar a figuras técnicas y operativas de la Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor, así como a voluntarios locales que intervienen en los procesos y las modalidades educativas que se desarrollan con adultos mayores, familiares de éstos, personas de las comunidades y personal de instituciones que trabajan de manera directa e indirecta con personas de edad.
A partir de julio del año 2002, se promueve con adultos mayores de delegaciones políticas del D. F. y algunos municipios del Estado de México, el aprendizaje de los derechos humanos y valores para la democracia como forma de vida social, para lo cual se capacita a voluntarios locales como educadores solidarios con el propósito de que promuevan el aprendizaje de temas y contenidos alusivos a la democracia como forma de vida social entre adultos mayores en situación de pobreza.
En el año 2003 se desarrollaron varios proyectos dirigidos explícitamente a realizar talleres sobre educación ciudadana, derechos humanos y valores para la democracia como forma de vida para promover iniciativas educativas no formales que estimulen la actividad y la participación organizada de las personas mayores en el entorno urbano popular desde las cuales se propicie el aprendizaje y análisis crítico, la organización autónoma de los adultos mayores, así como acciones que eviten y eliminen cualquier forma de maltrato y discriminación.
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