La Tercera
Santiago de Chile
03.04.2006
Benito Baranda
Para quienes trabajamos por erradicar la pobreza resulta tremendamente alentador evidenciar que la prioridad del nuevo gobierno es el área social. Cumpliendo con sus compromisos presidenciales está dando pasos concretos en este ámbito, con iniciativas que hace años esperábamos como la ley que reajusta las pensiones mínimas y que pone fin a las listas de espera para obtener pensiones asistenciales. Esto, sumado al derecho de atención gratuita en los hospitales para los mayores de 60 años, trae señales esperanzadoras respecto del compromiso del gobierno de contar con un Sistema de Protección Social Universal en el año 2010.
No podemos negar que estas iniciativas tendrán un fuerte impacto en la calidad de vida de los adultos mayores más postergados. Reajustar en 10 % una jubilación inferior a $100.000 no deja de ser significativo, sin embargo, debe ser sólo el inicio de sucesivos aumentos que contribuyan a erradicar la condición de pobreza en la que vive el 8,1%del total de adultos mayores de nuestro país (Casen 2003).
En relación a esto último, hay que tener presente que los recursos económicos constituyen uno de los factores predictivos más estudiados de bienestar en la adultez mayor y el sistema de seguro social aún manifiesta deficiencias en la asignación de recursos para este grupo, que no pudo cumplir con los requisitos de estabilidad y calidad laboral para obtener adecuadas jubilaciones, y que hoy tiene serias dificultades para financiar sus necesidades básicas.
No cabe duda de que la base de los esfuerzos desplegados en la política social de entidades públicas y privadas son la defensa y el respeto por la dignidad de las personas, la que tiene directa relación con los derechos fundamentales que tenemos todos los seres humanos, y que no pueden ser afectados o vulnerados, por lo que es imprescindible que los estados y sus leyes los difundan, protejan y garanticen.
En este sentido, proveer bienestar y vida digna a un adulto mayor es entregar ayuda social en salud, redes de apoyo interpersonales, entorno seguro, recreación, adecuadas condiciones de residencia y vivienda, y demás derechos bajo un amplio concepto de libertad. De acuerdo con esto, el Hogar de Cristo -que acoge a cerca de cinco mil adultos mayores diariamente- en su misión, colabora con instituciones privadas, estatales y de iglesia, que buscan atender a los más pobres y contribuir por crear una sociedad más solidaria, justa y con igualdad de oportunidades.
La problemática que se da en el abandono y la falta de recursos del adulto mayor es aún más preocupante por el hecho de que el envejecimiento de la población está creciendo a nivel mundial, y en nuestro país los adultos mayores representan el 11,4% de la población total, es decir, más de 1, 7 millón de personas y se proyecta que para el año 2020 serán cerca de tres millones (INE, Censo 2002).
Considerando esta realidad y la situación de pobreza en que viven miles de personas mayores de 60 años, los incentivos monetarios siempre serán básicos, pero también es fundamental proponer políticas y coordinar acciones que faciliten la integración del adulto mayor en ámbitos sociales como la familia, la educación, el trabajo y la recreación, entre otras necesidades.
Una adultez mayor bien vivida implica desplegar estrategias alternativas a las pérdidas, las que son asociadas principalmente al retiro de la participación activa en la sociedad, lo que conlleva decreciente fortaleza física y salud, consecuente reducción de los ingresos económicos, carencias emocionales, enfermedad, soledad o discapacidad y que requieren de un nuevo proceso de adaptación.
Por todo lo anterior, debemos crear una legalidad que encarne un cambio cultural, en la cual se le entregue al adulto mayor la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y libre desarrollo, y que promueva el amor y buen trato que se les debe por representar un valioso patrimonio espiritual para sus familias y la sociedad en general.