(Publicado por la RLG el 21-03-2002) MADRID, 5/9 de abril de 2002
Primera parte
DOCUMENTO BÁSICO PARA EL ÁREA TEMÁTICA:
ENVEJECIMIENTO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOCIEDAD DEL BIENESTAR (Presentación 1 Y 2)
La responsabilidad de un buen envejecimiento de la población recae en el Estado, en sus instituciones, en el sistema de los poderes locales. Es algo que está muy relacionado con la capacidad de las instituciones de valorar la contribución de las organizaciones sociales, de las familias, de los interesados singularmente.
La calidad de la vida de los ancianos, el hecho de que dispongan de los bienes indispensables para mantener una existencia digna y segura y que sean respetados dentro de la comunidad en que viven es el resultado de correctas políticas sociales y económicas llevadas a cabo por los gobiernos nacionales y locales, con la participación de los directos interesados y de sus organizaciones. El envejecimiento es un proceso social complejo, que implica distintos ámbitos y requiere políticas integradas y condivididas. En cuanto al aspecto de la integración, todas las políticas, ya sean económicas, culturales, sociales, sanitarias, previdenciales, urbanísticas, formativas… han de tener en cuenta el proceso de envejecimiento de la población y las exigencias que ello determina. Por lo que a la participación se refiere, es preciso que se reconozca y se estime la contribución y las aportaciones de las personas ancianas y de sus organizaciones en los distintos procedimientos decisionales. La voz de los ancianos y de sus organizaciones no ha de faltar nunca cuando se trata de decidir acerca de sus condiciones de vida o del futuro de la comunidad a la que pertenecen. Hay que considerar su participación activa como un remedio fundamental para la construcción de una sociedad justa para con todas las edades. Es deber de los gobiernos considerar qué instrumentos operativos, Comités, Consultas… habràn de ser juzgados como los más aptos para favorecer la participación, teniendo en cuenta las características demográficas y sociales específicas de cada País.
Sistemas de jubilación
La existencia de un buen sistema de jubilación constituye una sólida garantía para que todos los ciudadanos disfruten, en su ancianidad, de una renta segura y no tengan que enfrentarse con una inseguridad económica y con la pobreza. Se necesitan decisiones claras y objetivos comunes entre los distintos Países, para favorecer la movilidad de las trabajadoras y de los trabajadores, la mundialización de la economía, la globalización de los derechos sociales y del trabajo. Los gobiernos han de instituir y reforzar sistemas de jubilación con base universal, públicos y obligatorios, financiados con la técnica "de repartición", porque tales sistemas:
. refuerzan la cohesión social y los vínculos entre las generaciones,
. garantizan la efectiva administración de la jubilación mediante el control del estado sobre la recogida y la gestión de los recursos,
. favorecen la justicia previdencial entre los distintos sectores de la producción mediante normas de jubilación homogéneas,
. aseguran la sustentabilidad social del sistema, mediante la definición, la adecuación y la modulación de las alícuotas de financiación y la pluralidad de las prestaciones aseguradas,
. permiten verificar constantemente la sustentabilidad financiera del sistema de jubilación y realizar tempestivamente y con efecto inmediato los arreglos que se precisan con respecto al marco económico,
. permiten la mejor administración de los recursos y la mayor reducción de los costes de administración del sistema.
El sistema de repartición resulta particularmente sensible a la coyuntura económica, al nivel de ocupación y a los cambios demográficos (relación entre empleados y jubilados). Por eso los gobiernos deben actuar políticas macroeconómicas adecuadas y una verdadera política para el pleno empleo.
Los gobiernos deben favorecer el desarrollo de fondos de jubilación integrativos, a base voluntaria, controlados por representantes de los trabajadores y de las empresas; la administración de los fondos tendrá que estar vinculada al respeto de reglas económicas y éticas transparentes y aceptadas por los interesados.
Nuestra oposición al sistema llamado "de capitalización" es debida al hecho que reduce el nivel de cohesión de la comunidad y entre las generaciones, que aumenta en demasía los costes de administración, que no permite de monitorizar el nivel de solidez financiera del sistema de jubilaciones, ni de controlar en tiempo útil los efectos de eventuales correcciones. La falta de un control del estado sobre la utilización de los recursos provoca una incertidumbre de fondo sobre la jubilación prometida y riesgos de pobreza en la ancianidad.
Mínimo de jubilación
El sistema de jubilación público ha de asegurar que se alcance un "mínimo de jubilación", una jubilación básica, vinculada a que el trabajador y la trabajadora consigan alcanzar algunos requisitos: pago de las contribuciones de jubilación por una determinada cantidad de años, una determinada edad anagráfica… Al fijar los requisitos de jubilación hace falta proponerse de favorecer a la mayor cantidad de trabajadores para alcanzar el "mínimo", evitando que requisitos demasiado rígidos favorezcan la utilización del trabajo negro y el afianzamiento de la economía informal.
La cantidad del "mínimo de jubilación" ha de ser periódicamente objeto de revaloración con respecto al coste de la vida.
La falta de autosuficiencia
La investigación científica, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, la lucha contra las enfermedades invalidantes, las políticas de inclusión social, la formación a lo largo de toda la vida… colaborarán a luchar contra la aparición de la falta de autosuficiencia y a reducir su crecimiento, que parece destinado a realizarse paralelamente al aumento de la vida media. Las necesidades de las personas no autosuficientes son complejas y se ponen de manifiesto en distintos sectores: alojamiento, transporte, cuidados sociales y sanitarios a domicilio, compañía y sostenimiento amistoso y psicológico… Para intervenir en este campo, los gobiernos han de desarrollar una acción doble:
. activar políticas integradas de "prevención" de la falta de autosuficiencia
. instituir un seguro social, general y obligatorio, a base universal, para sostener a las personas no autosuficientes.
En el sistema de welfare la institución del seguro creará otra columna social, al lado de la columna de la jubilación, como ya sucede en algunos Países.
Los gobiernos locales han de activarse para que el sistema de los servicios sociales y sanitarios asegure una respuesta flexible y personalizada teniendo en cuenta las exigencias específicas de cada persona no autosuficiente y de su circustancia familiar, económica y social.
Los gobiernos han de promover la reestructuración de las habitaciones, para acercarse a las necesidades de los faltos de autosuficiencia. Es preciso promover, mediante la concesión de apoyos financieros para la eliminación de las barreras arquitectónicas, la dotación de ascensores, la puesta en obra de manillares y de puntos de apoyo en los servicios igiénicos…
Los gobiernos deben sostener la utilización de las nuevas tecnologías y del ordenador por parte de las personas no autosuficientes, pues ello puede favorecer nuevos conocimentos y facilitar una red de relaciones amistosas y sociales.
Un papel importante lo pueden desarrollar las asociaciones de voluntariado, particularmente aquellas constituidas "por ancianos para los ancianos", que colaboran con el personal de los servicios sociales y sanitarios.
Curas a domicilio
Están muy claros los beneficios sociales y económicos que produce la difusión de las curas sanitarias y sociales a domicilio: los ancianos siguen en su ambiente de vida y de afectos, reciben curas sin que la comunidad tenga que sostener las pesadas cargas de la permanencia en un hospital. La cura a domicilio se ha revelado muy útil en el caso de pacientes ancianos, no autosuficientes, terminales. Nosotros favorecemos firmemente la reestructuración de los sistemas sanitarios nacionales si está orientada hacia la difusión de las curas a domicilio y hacia la integración entre curas sociales y sanitarias. Este proceso requiere dos factores esenciales, que la legislación social tiene que valorar debidamente:
. la existencia de un contexto familiar, de habitación y social que sustente al paciente anciano;
. una profesionalidad elevada y una retribución adecuada para los operadores.
Residencias de descanso
Uno de los objetivos primordiales de la política social de los gobiernos ha de ser el de favorecer la permanencia de los ancianos en su ambiente de vida, durante el mayor tiempo posible, a través de una cantidad de apoyos. Sin embargo, resulta imprescindible la necesidad de las Residencias de descanso, públicas o privadas, que permitan al que lo solicite una permanencia segura y confortable, con el completo respeto de sus derechos y de su dignidad. Para realizar este objetivo es preciso que las Residencias de descanso queden sujetas al respeto de un marco de reglas y de principios en defensa de los intereses de los ancianos y de la comunidad en su conjunto. Los gobiernos han de definir:
- niveles de calidad de la estructura (disponibilidad de metros cuadrados por cada residente, accesibilidad y calidad de los servicios igiénicos, presencia de zonas verdes, espacios para actividades deportivas, apertura hacia el territorio circustante…);
- niveles de calidad del personal (cantidad de encargados por cantidad de residentes, presencia de operadores de distintas profesionalidades para atender a las distintas exigencias…).
- la existencia en cada Residencia de descanso de un Reglamento de la casa, que ha de ser público y prevér la cooperación entre la Residencia y los servicios sociales y sanitarios que actúan en el territorio, ha de fijar los criterios de organización de la vida en la Residencia, los derechos y los deberes de residentes y operadores, el papel del Comité de participación, la conexión con las familias de los residentes, los criterios a seguir para determinar el coste de la permanencia y la mensualidad que pagar, las formas para su eventual revisión…;
- la exigencia de que en toda Residencia de descanso se constituya un Comité de participación integrado por miembros elegidos por los residentes con cadencia plurienal, para expresar sus orientaciones acerca de la organización de la vida diaria de la Residencia: horario de comidas, de visitas, de salidas…, definición de actividades culturales y de recreo, verificación de eventuales aumentos de las mensualidades…
Alojamientos protegidos y nuevos núcleos de convivencia
Los gobiernos han de favorecer la construcción de nuevos módulos urbanos que atiendan a las exigencias específicas de los ancianos. Las habitaciones protegidas deben estar exentas de barreras arquitectónicas, han de tener servicios igiénicos dotados de los conforts y de los instrumentos necesarios para el baño de las personas de reducida movilidad física, han de incorporar lugares destinados a la privatez de las parejas y de particulares, habitaciones y servicios comunes: salón para el almuerzo, salas de encuentro, de socialización y de juego… Los gobiernos deben fomentar, mediante una legislación de apoyo, nuevos núcleos de convivencia entre personas solas, favoreciendo con incentivos financieros la eventual reestructuración de la casa…
Ayudas informales
Una sociedad de elevada cohesión social, que se cuida de favorecer la solidaridad en todas sus formas: entre generaciones, personas, núcleos familiares… se beneficia de un sólido sistema de ayudas informales sostenidos por una red de relaciones familiares, amistosas, sociales que se expresan territorialmente en el ámbito del barrio, en la comunidad. En algunos Países la familia tiene un papel fundamental en la ayuda informal. En los últimos años se ha ido desarrollando, en muchos Países, un fuerte movimiento para asociar a los "voluntarios", mujeres y hombres que sin un retorno económico dan su aportación al sistema formal de los servicios, favoreciendo el desarrollo de cantidad de actividades, la mayor parte de baja calificación profesional pero de elevado valor social: sostén y ayuda, compañía, pequeñas compras, lectura de periódicos, cumplimiento de prácticas burocráticas…
Los gobiernos deben reconocer las actividades de voluntariado, valorizar el "voluntariado de los ancianos para los ancianos", conceder a los voluntarios que trabajan excedencias pagadas, simplificar los procedimientos burocráticos para la formación de las asociaciones, proteger a los intereses de las personas honestas de todo tipo de engaño.
Papel de la familia
En todos los Países la familia está atravesando por una profunda transformación. Es preciso saberlo para poder valorar en tiempo útil los efectos que esta transformación producirá sobre el sistema de los servicios. Las dimensiones de la familia se van reduciendo en todas partes y está aumentando el número de familias compuestas por una sola persona. El aumento de la esperanza de vida lleva a convivir en la misma familia hasta a cinco generaciones. Los vínculos familiares siguen siendo muy fuertes, a pesar de los procesos de urbanización y de las emigraciones. Los gobiernos tienen que:
. considerar la intervención de la familia como integrativa y no substitutiva del servicio público debido a los ancianos;
. sostener a la familia que asiste a sus ancianos con ayudas económicas relacionadas a la renta familiar;
. asegurar la facilitación del crédito para la reestructuración de los hogares;
. facilitar los servicios sanitarios y sociales a domicilio;
. reconocer el derecho de las personas que asisten (carer) a la formación desde el punto de vista sanitario y a tener una renta y una pensión (los años de asistencia a las personas no autosuficientes han de valer para la jubilación);
. preparar estructuras específicas para los dementes seniles y los enfermos de Alzeimer de modo que puedan pasar el día para permitir a sus parientes de trabajar y recogerles por la tarde;
. organizar el internamiento periódico del anciano en residencias sanitarias asistenciales para asegurar a la familia breves períodos de descanso.
Servicios públicos y envejecimiento
El sistema de servicios públicos tiene que salir al paso del proceso de envejecimiento que caracteriza a muchas comunidades nacionales, poniendo en obra las modificaciones estructurales más oportunas. Al organizar a los servicios públicos los gobiernos deben actuar de manera que:
. se anoten las características anagráficas de la población interesada al servicio;
. se monitoricen las necesidades sociales del territorio para asegurarles una respuesta adecuada;
. se controle el agrado de los ciudadanos con respecto a la funcionalidad, a la eficiencia y a la eficacia de los servicios;
. se pongan al día periódicamente los servicios según las modificaciones de las exigencias sociales.
Trabajadores ancianos
Para parar la constante expulsión de la mano de obra anciana y profesionalizada de los procesos productivos, los gobiernos tienen que:
- activar una formación contínua, capaz de asegurar la puesta al día constante de los conocimientos de las trabajadoras y de los trabajadores,
- mejorar los ambientes de trabajo para defender la salud y la seguridad de los trabajadores; - fomentar a las empresas para que modifiquen la organización del trabajo teniendo en cuenta las exigencias de una mano de obra que envejece y para favorecer la transmisión de experiencias, saberes, profesionalidad desde los ancianos a los jóvenes, poniendo en ser formas de jubilación progresiva; - crear una legislación que favorezca estos procesos y acoja los convenios entre sindicatos de los trabajadores y representantes de las empresas en la materia.
FERPA.
DOCUMENTO BÁSICO PARA EL ÁREA TEMÁTICA:
ENVEJECIMIENTO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y
SOCIEDAD DEL BIENESTAR (Parte 2)
PRESENTACION 2
1.- Marco de referencia.
El Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Naciones Unidas (1982) es el primer referente de carácter internacional que afronta el reto del envejecimiento de forma específica. Progresivamente, aumenta el debate público y político y se adoptan declaraciones programáticas: los Principios de Naciones Unidas a favor de las Personas Mayores (1991), la declaración del Año Internacional de las Personas Mayores (1999) o la designación de un Día Internacional de las Personas Mayores, reconocen y reafirman los derechos de las personas de edad.
Si la I Asamblea Mundial sobre Envejecimiento focalizó su atención en lo países desarrollados, la Estrategia Internacional para la Acción 2002 marca una perspectiva global y transversal ante los retos de un mundo envejecido, prestando especial atención a la situación de los países pobres con grandes dificultades para asegurar el bienestar en la vejez.
2.- Análisis de la situación desde las perspectiva de la sociedad civil.
El envejecimiento de la población ha mantenido una tendencia ascendente en los últimos 20 años, pero los logros alcanzados tras el I Plan de Acción han sido desiguales y escasos. Han habido avances sustanciales pero siguen sin atenderse las aspiraciones y necesidades básicas de muchos mayores.
La población mundial está envejeciendo a un ritmo progresivo y espectacular. Cerca de 1 millón de personas llega a los 60 años todos los meses, el 80% de ellas en países en desarrollo. El segmento que más crece es el de las personas de 80 años o más. Las mujeres de edad superan a los hombres en casi todos los países, sobretodo en las edades más avanzadas, lo que habla de la feminización del envejecimiento y la pobreza.
Esta "revolución silenciosa" está afectando y afectará todavía más en el futuro a las estructuras económicas y sociales, a escala mundial, nacional y local.
Mientras los países desarrollados necesitan adaptar sus políticas de protección social para asegurar la atención a la salud y unos ingresos básicos, los países en vías de desarrollo han de enfrentarse a la falta o escasez de sistemas de protección social y a la pobreza: los sistemas de pensiones son muy escasos y la atención a los mayores se confía al apoyo familiar, los servicios informales y el ahorro personal.
Protección social.
El envejecimiento de la población es un factor importante de exclusión social debido a la falta de medios y recursos para abordar los retos que plantea. Una vida más larga debe ir acompañada de oportunidades continuas de autonomía y salud, productividad y protección.
Aunque la familia sigue siendo una red social básica de apoyo a situaciones de penuria, marginación o falta de autonomía, los cambios en las estructuras y los roles familiares está provocando que la responsabilidad de dar cobertura y protección recaiga cada vez más en los Estados. Sin embargo, la reducción de ayuda pública para servicios de atención primaria en muchas áreas del mundo, ha traído consigo un incremento del esfuerzo financiero e intergeneracional entre las personas y sus familias.
El nuevo siglo demanda ampliar la cobertura de los sistemas de protección social y un giro en las políticas de prestaciones y cuidados a largo plazo, medidas para mantener y mejorar los niveles de pensiones y prestaciones alcanzados.
El derecho a unos ingresos mínimos que permitan una existencia digna y segura, el derecho a una atención a la salud adecuada y de calidad que garantice la autonomía personal, y el derecho a una efectiva integración en la dinámica social, constituyen los tres pilares básicos de la protección social que corresponde consolidar y mejorar en conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad. Los sistemas públicos de protección social refuerzan la cohesión social y los vínculos entre las generaciones.
Las políticas sociales se relacionan con las políticas macroeconómicas que se adopten. El desarrollo económico sostenido y las políticas adecuadas de empleo refuerzan la viabilidad del sistema. Las sociedades que equilibren la provisión de protección social y los objetivos económicos podrán planificar su envejecimiento.
Autonomía y salud
El hecho de que el segmento de la población que más crece es de las personas de 80 y más años, plantea en casi todas las sociedades el reto de la atención a la dependencia. La financiación de unos servicios adecuados y de calidad para un número cada vez más superior de personas mayores, agrava aún más la responsabilidad del Estado. Hay que establecer un marco legislativo para la dependencia y un modelo de financiación. ¿Quién va a cuidar y asistir a los mayores si éstos cada vez son más y sus cuidadores menos?.
Los países con sistemas consolidados de protección social necesitan reconocer la atención a la dependencia como un derecho y universalizar los servicios de ayuda a las familias, tales como guarderías infantiles, servicios domiciliarios y servicios de atención para las personas mayores. La baja cobertura de servicios de ayuda sobrecarga a las familias y aleja a la mujer del mercado laboral.
Mantener la autonomía es un objetivo primordial tanto para las personas como para los responsables políticos. Los sitemas sanitarios deben avanzar hacia la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, el acceso equitativo a la atención primaria y un enfoque equilibrado de los cuidados de larga duración que permita conciliar la vida laboral y familiar.
El mejor lugar para cuidar a las personas mayores es su propio domicilio, pero hay que ayudar a los cuidadores para que ellos mismos no caigan enfermos. Uno de los grandes desafíos de las políticas sanitarias es encontrar un equilibrio entre el autocuidado, el sistema de apoyo informal y los cuidados profesionales. Los cuidados de larga duración deben incluir una amplia gama de servicios sociosanitarios comunitarios y públicos, atención primaria, servicios de salud mental, cuidados paliativos y rehabilitación, cuidados institucionales en los domicilios, residencias, centros de día, servicios de respiro, etc., servicios que han de estar estar integrados y ser equitativos.
Inclusión social
En todo el mundo las personas mayores viven siempre que pueden en contacto con sus comunidades, atendiendo y ayudando a sus familiares, demostrando que siguen contribuyendo al desarrollo económico y social. Pero éstas aportaciones son "invisibles" y no son tenidas en cuenta. Como colectivo excluído del espacio público las personas mayores encuentran dificultades para organizarse y sin capacidad de generar un cambio de su situación.
El reconocimiento de que es necesario apoyar la contribución activa y productiva de los mayores es cada vez mayor en todo el mundo. La calidad de vida no puede separarse de conceptos tales como el de integración y participación social. Las personas mayores son un recurso humano, social, económico y ambiental, y el "envejecimiento activo" un componente esencial en las estrategias para elevar la calidad de vida: facilita la autonomía y la productividad de los ciudadanos de más edad, retarda la aparición de la dependencia y se ahorran costes sociales. Conseguir que las personas mayores sigan sanas y económicamente activas es una necesidad. Hay que aplicar políticas de inclusión social orientadas a los procesos de desarrollo comunitario.
3.- Propuestas y recomendaciones.
El reto de la comunidad internacional es abordar los desafíos que plantean sociedades cada vez más envejecidas, y aprovechar las oportunidades que ofrecen.
Habrá que tener en cuenta la hetereogeneidad entre países y entre regiones dentro del mismo país, y que soluciones válidas para el mundo occidental, exigiría en otros países recursos muy por encima de sus posibilidades. Aunque la protección social es competencia estatal, urge desde una perspectiva armonizadora y de cooperación internacional, impulsar políticas globales que aseguren un alto nivel de protección social, así como el reconocimiento político y social de los derechos de las personas mayores. La globalización necesita su contrapeso social y político.
U.D.P.