De abajo hacia arriba
EDILIA CAMARGO
La Prensa (Panamá)
26 de octubre de 2006Ahora que se ha cerrado el telón de la Semana del Adulto Mayor, completada con el I Congreso Nacional sobre "El Adulto Mayor y sus Derechos" más un III Seminario de la Red de Estudio de la Vejez sobre "Imágenes y Representaciones de la Vejez", creo que vale la pena hacer un balance de la situación desde el punto de vista de nosotros los implicados en esta cuestión.
Ya desde 2003 en su sesión 41ª del 10 al 21 de febrero, la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social pidió un cambio radical en el tratamiento de la cuestión de la vejez y el envejecimiento de la población. En lugar de seguir vegetando con su tradicional rol "director" y de "direcciones de adultos mayores", en la mayoría de las veces simples ejecutores de los mandatos emanados de las "cortes" y meninas de los llamados "gabinetes sociales", la nueva propuesta preconiza el que se proceda a indagar desde las bases (desde abajo), esto es, asociaciones de tercera edad, jubilados y pensionados, juntas comunales, municipios… hasta ascender a las "direcciones" y los "gabinetes".
¿Qué se busca? Por cierto que no es la quinta pata del gato. Lo que se quiere es lograr un proceso de deliberaciones a nivel intergubernamental irrigando (subrayo esta palabra) todas las etapas decisionales con una verdadera participación de los grupos señalados.
Con suma preocupación leo en la parte de los "considerandos" del Decreto Ejecutivo No. 43, de 27 de julio de 2004, los motivos que inspiran al Gobierno de turno a proponer una "Política Integral de los Adultos Mayores. El segundo párrafo reza así:
"… en atención a la Legislación Nacional y los Convenios Internacionales vigentes establecidos y ratificados a favor de esta población donde se manifiesta la necesidad imperante de otorgar un tratamiento especial a este sector de la población, considerando su condición de vulnerabilidad biológica y social…".
En mi intervención ante el equipo de Alantea de la Universidad de Puerto Rico, organizadores del Seminario aludido, sencillamente mandé al mismísimo diablo a los conceptores de este Decreto por considerarlo discriminatorio (razón por la que no me sorprende el tenor de la Ley Faúndes) y descalificador de los aportes intelectuales y positivos que las personas mayores están en condiciones de dar.
No es la primera vez que me levanto para protestar contra este enfoque discriminatorio y asistencialista "reservado" a la población adulta mayor de este país. El Estado, cualquiera que sea, tiene el deber de proteger a todos sus ciudadanos. Y la población adulta mayor forma parte de éstos –quiéranlo o no–.
Otro es el problema cuando se pasa en forma perversa y torcida a hablar de "vulnerabilidad biológica y social" para identificar a este grupo de "protegidos". Echando justamente por tierra sus derechos ciudadanos.
Cabe preguntarse entonces, ¿a quiénes beneficia esta puesta fuera de juego de los viejos? ¿Y a santo de qué habría de aceptarse una política asistencialista y discriminatoria?
Trabajando a nivel continental e internacional soy consciente del enorme trabajo que han efectuado los diversos gobiernos para cumplir con los pactos y acuerdos internacionales relativos a la población de personas adultas mayores. Los diagnósticos, leyes, decretos sobreabundan… No es pues, falta de voluntad política. El problema está en la falta de coherencia de la politiquería y de mecanismos de monitoreo por parte de la población interesada –y esto no sólo se aplica a las políticas sobre envejecimiento– para erigirse en evaluadores permanentes de los avances y el mejoramiento de las condiciones de todos los servicios prestados por el Estado u otras fuentes: servicios de salud, de educación, de transporte colectivo u otro, de participación a todos los niveles de la vida cultural, política, social, económica.
La seguridad económica, uno de los compromisos de Madrid 2002, no es cuestión de "varita mágica"… ¿Cuántos adultos mayores desearían seguir trabajando más allá de la edad del júbilo? ¿Por qué no se reforma la ley bancaria para levantar la ferocidad de las aseguradoras y ampliar la capacidad de crédito de esta población, hacia hipotecas recargables, por ejemplo? Esto es, que los bancos tengan obligación de prestar hasta el monto de la suma pagada en la hipoteca sin distingos de la edad.
Lejos de ser del domino de un Ministerio, la cuestión del envejecimiento sí necesita ser tratada en forma transversal. Un Consejo de Adultos Mayores integrado por Adultos Mayores y no por burócratas representantes de esta población… Quisiera pensar que la idea de llevarlo a un "Gabinete Social" conlleva el hecho de darle el tratamiento que se merece y que requiere y, sobre todo, lograr aunque sean las migajas del "maná". Y quiero seguir pensando que este nuevo enfoque de irrigar el trabajo con las personas adultas mayores de abajo hacia arriba no quede reducido al ejercicio de una burocracia mediocre y asistida ella misma, además de sorda a los intereses de esta población, por cierto, la más pobre entre los pobres.