Las Mujeres Mayores. El derecho a vivir con dignidad

Diario La Prensa
Panamá, jueves 8 de marzo de 2007

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

Para alcanzar la igualdad en una sociedad democrática es importante el acceso fácil, integral, oportuno y sin discriminación a todos los servicios públicos, incluyendo la justicia, en todas las edades y en los sectores más vulnerables.

Por ello nuestro país cuenta con un ordenamiento jurídico vinculante y vigente que permite hacer efectivo el derecho a la No discriminación, supuesto básico para una igualdad real –no solo formalmente reconocida en la ley, sino aplicable en todas las actividades de la vida como derecho humano: inalienable, indivisible e integral.

Para la vida económica del país hay dos grandes bloques generacionales no siempre atendidos en su dignidad, por un lado la infancia y, por otro, las personas adultas mayores; éstas se encuentran identificadas culturalmente con denominaciones peyorativas o simplemente discriminatorias y excluyentes (los y las "menores" y los y las viejas o ancianas), a las primeras se les considera menos que los adultos, a las segundas, por estar cargadas de años, pierden vigencia en la vida activa económica, social y cultural. Ambos extremos constituyen en nuestras sociedades y economías el grupo de población calificado como dependientes y/o "no económicamente activa"; esta sola caracterización les coloca en una posición de exclusión y de poca valoración, proyectando una imagen de "carga" y de gastos sociales, por sus requerimientos de atención especializada de parte de sus familiares, en los servicios públicos de salud, medicina, educación, trabajo, etc., con resultados en una doble o tres veces mayor discriminación, desigualdad e inequidad.

La realidad de hoy, con el aumento de la expectativa de vida, el compromiso en los objetivos del milenio, particularmente en el tema de mortalidad infantil y materna, exige dar calidad de vida tanto a la niñez que supera los cinco años, como a las mujeres adultas que alcanzan más de los 75 años, ante la no satisfacción de sus derechos humanos básicos.

Llama la atención que el propio movimiento de mujeres no haya colocado el tema con la frecuencia necesaria ni con la importancia que requiere para el ámbito judicial. Su visibilización es casi nula en su condición de víctima o como demandante de derechos y que no se agotan en el ámbito familiar.

Se hace necesario un trabajo a nivel de captación de datos y su adecuado procesamiento de forma que permita medir o evaluar la situación socio - jurídica de este grupo de la población femenina. Igualmente se requiere reforzar los servicios de orientación y asistencia legal que logre hacer menos crítica las rutas de acceso a la justicia.

Muchas mujeres mayores estarán expuestas a la mala nutrición, condiciones de trabajo peligrosas, violencia doméstica y enfermedades relacionadas con sus estilos de vida, los riesgos posteriores a la menopausia, aumentando las posibilidades de cáncer de mama, cervical y osteoporosis. La mujer mayor también tiene que enfrentar el abandono, la pobreza, la soledad y la alienación de sus familias.

Muchas veces creemos que es la seguridad social la que debe dar las respuestas, sin embargo, en América Latina, ésta tiene cobertura limitada y en muchos casos solo protege a los sectores asalariados urbanos, sin alcanzar a la trabajadora rural, al sector informal, desempleadas y subempleadas, con porcentajes de cobertura muy variables entre los distintos estratos socioeconómicos de cada país.

En la actualidad los beneficios no alcanzan a la población de mayor de edad, a pesar de que los sistemas de seguridad social ponen el acento en la redistribución del ingreso y en la equidad; con frecuencia las pensiones son insuficientes para mantener a las beneficiarias fuera del nivel de pobreza y menos probable que pueda obtener por derecho propio los beneficios de los sistemas de pensiones, viéndose obligadas a convivir con sus hijos o familiares, ya sea por dependencia económica o por deterioro de su salud.

La mujer adulta mayor se encuentra en una situación doblemente vulnerable debido a su condición económica desfavorable y a su soledad.

¿Cómo las personas mayores enfrentan sus necesidades básicas? Frente a la incertidumbre, y el papel de la seguridad social, son temas que necesitan ser investigados para orientar la concepción de políticas que mejoren las condiciones de vida de las personas de edad avanzada y garanticen sus derechos.

Es importante identificar los indicadores para ponderar la calidad de vida de estas personas (discapacidad, actividades cotidianas fundamentales, actividad económica o grado de analfabetismo), junto con otros aspectos que guíen el desarrollo de las políticas públicas.

Es escasa la información sobre el porcentaje de la población adulta mayor que puede necesitar ayuda para llevar a cabo las actividades de la vida diaria o para el reclamo de sus derechos. Aunque, es sabido que el porcentaje de discapacidad y enfermedades se incrementa con la longevidad de la población.

Este peso y costo tiende a recaer en la familia, espacio donde no pocas veces se violentan sus derechos. No se trata únicamente del costo material por enfermedad o de necesidades especiales, sino también por la carga emocional y las desventajas socioeconómicas que repercuten en la calidad de vida de las personas adultas mayores y de su entorno familiar y social, grupo social que ya aportó al desarrollo del país, y en el que podemos hacer presente la solidaridad humana y la justicia.